Polémica por un ex centro clandestino

Un juez denunció a miembros del gobierno

Parrilli y Eduardo Luis Duhalde sabían de la existencia del campo de detención pero no fueron a la Justicia

El juez en lo Penal Económico Jorge Brugo radicó ayer una denuncia ante la Justicia federal para que se investigue si existió un centro clandestino de detención en dependencias de la Aduana ubicadas en el barrio porteño de Barracas y la actuación que tres altos funcionarios del gobierno nacional han tenido al respecto.

Así lo informaron fuentes judiciales, quienes señalaron que la denuncia alcanzó al secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli; al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y al titular de la Aduana, José Sbatella.

El magistrado planteó en presentación, efectuada ante la Cámara Federal porteña, que se investigue si los funcionarios pudieron haber incurrido en algún delito por conocer el hecho desde la semana pasada y no haber acudido a la Justicia, añadieron las fuentes.

Tras el sorteo de rigor, la denuncia recayó en el Juzgado Federal de Jorge Urso, que lleva varias causas vinculadas a la represión ilegal durante la última dictadura militar.

Ayer el juez Brugo concurrió al predio de la Aduana conocido como Zepita -ya que está ubicado en la calle Zepita 3102- y confirmó que allí hay cinco celdas con pasaplatos en las puertas y "un túnel que dicen que iba al Río de la Plata", según reveló el propio magistrado.

Brugo precisó que esas instalaciones eran antiguamente de una empresa automotriz y después de la Policía Federal. Actualmente funciona allí la División Rezagos y Comercialización de la Dirección General de Aduanas, Sección Secuestros.

La presencia del juez obedeció a que el magistrado, por ser del fuero Penal Económico, tramita una causa por presunto contrabando de mercadería que fue incautada y está en ese depósito.

Sbatella también había considerado que, por las características de las celdas, pudo haber funcionado allí "un lugar de detención".

Ante este hallazgo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que recibió informes sobre ese lugar, el cual fue inspeccionado por personal especializado.

El organismo oficial dijo que ahora se encuentra abocado a investigar el sitio y "la posible existencia de testigos que puedan aportar informaciones, incluidos los sobrevivientes de centros clandestinos de detención".

Como se está realizando una pesquisa "preliminar", la secretaría que conduce Duhalde aclaró que "no efectúa ningún juicio sobre la naturaleza de este sitio y se dispone a efectuar una formal denuncia ante la Justicia federal" para que haga "las investigaciones que correspondan".