El caso de dos chicas que escaparon de Santa Cruz

Liberan a un proxeneta porteño que prostituyó a dos rosarinas

Está procesado junto a una mujer por llevar a las menores a un burdel de Río Gallegos. Deberá quedarse en la ciudad

La Justicia concedió la libertad a un proxeneta porteño procesado en Rosario a cambio de la obligación de presentarse ante un magistrado las veces que lo citen y el compromiso de no ausentarse de la ciudad mientras dure el juicio que ahora se le tramita. El hombre podrá gozar de ese régimen hasta el día que le dicten sentencia.

La medida beneficia a un sujeto acusado de obligar a dos chicas rosarinas a ejercer la prostitución en un burdel de su propiedad en Río Gallegos, Santa Cruz. Su nombre es Mario Alejandro Guerrero y tiene 39 años.

Guerrero fue procesado en noviembre del año pasado por la jueza de Instrucción Raquel Cosgaya y en marzo de este año la Cámara Penal confirmó la medida. Junto a él también resultó procesada su cómplice, una mujer identificada como Patricia Esther Alvarez, de 40 años.

Alvarez es sindicada como quien reclutó a dos menores que viven en el barrio rosarino de Las Flores con la excusa de llevarlas a trabajar a Santa Cruz. Guerrero, en tanto, es el dueño del burdel La Morocha, ubicado en la capital de ese estado sureño. Según él mismo admitió, llevaba casi dos décadas dedicado a ese negocio.

El caso, sobre el que La Capital informó ampliamente el año pasado, salió a la luz luego de que las madres de las dos chicas comunicaran a las autoridades que se habían marchado de sus hogares. Esto originó una investigación que permitió ubicarlas en el sur. Después se supo que Alvarez les había ofrecido trabajo en Río Gallegos y que Guerrero se había ocupado de trasladarlas.

A las chicas, que son primas y en aquel momento tenían 15 y 17 años, les dijeron que trabajarían como lavacopas. También les prometieron que podrían regresar a visitar a sus familiares regularmente. La tentadora oferta se completaba con algo de dinero, casa y comida.

Sin embargo, muy pronto descubrieron que habían sido víctimas de un engaño. Ya instaladas en el sur advirtieron que sus labores serían muy distintas a las prometidas: las forzaron a trabajar en el burdel de Guerrero todos los días, y la tarea consistía en atraer clientes al negocio. Una de ellas llegó a admitir incluso que una vez fue forzada a tener sexo con un comensal.


Acusados pero en libertad
El delito que ahora se les atribuye a Alvarez y Guerrero es el facilitamiento de la prostitución de menores. Ambos fueron detenidos en agosto del año pasado luego de que las dos víctimas los denunciaran ante la Justicia. En aquel momento también quedó bajo sospecha otro hombre que más tarde terminó desincriminado.

Guerrero llevaba más de ocho meses en prisión cuando los abogados rosarinos Carlos Heuer y José Luis Abichain pidieron a la jueza Cosgaya que les concediera el beneficio de la sustitución de la prisión preventiva. Se trata de una figura creada con la reforma del Código Procesal Penal de la provincia a fines del año pasado, que permite a reemplazar el arresto por otras medidas restrictivas.

Esta sustitución se concede cuando la libertad del acusado no pone en riesgo el éxito de la investigación o el resultado del juicio. Otro requisito es que por sus antecedentes no sea considerado un sujeto peligroso. Un tercer requisito es que la sanción ante una hipotética condena al cabo del juicio no supere los tres años de prisión. Alvarez ya gozaba de ese beneficio, y ahora también lo consiguió Guerrero.

Una de las menores contó su experiencia.