Dudas sobre la "mafia pesquera"

Das Neves criticó a los jueces del caso Espinosa

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, denunció públicamente ayer que algunos jueces trabajaron para "el cierre de la causa" judicial por el asesinato del empresario pesquero Raúl Cacho Espinosa, que tuvo 14 magistrados y terminó con los acusados sobreseídos y liberados.

El mandatario provincial lamentó "lo irregular de este proceso" judicial en los Tribunales de Puerto Madryn y de Trelew, al tiempo que señaló que en esos trámites "se vio claramente que la intención de algunos fue el cierre de la causa".

Consultado sobre por qué no hablaba del asunto últimamente, Das Neves aseguró: "Yo no me llamo a silencio en ningún tema" y consideró que el Tribunal Superior de Justicia chubutense "tendría que tomar cartas en el asunto" porque "flaco favor se le hace a la Justicia al cerrar una causa emblemática como el caso Espinosa".

Las declaraciones del gobernador salieron al cruce de la carta abierta difundida por Lorena Gabarrús, viuda de Espinosa y única testigo del crimen, quien denunció días atrás que en Chubut "la Justicia sólo es diligente y efectiva para los grandes intereses económicos".

Luego reclamó que la Justicia provincial promueva "investigaciones que pongan al descubierto el entramado mafioso que controla la pesca en el sur argentino".

Gabarrús calificó como "infame decisión" la de la conjueza Patricia Asaro, "quien -dijo- liberó a José Domingo Segundo, el asesino del padre de mis hijos, y sus cómplices José Evaristo Guevara y Ademar Araujo, dos empleados de la empresa Conarpesa, cuyo dueño, Juan Alvarez Cornejo, juró ver muerto a mi marido".

La viuda, quien ya apeló la resolución de Asaro, sostuvo que en el expediente "no se incorporó ninguna prueba que justifique levantar la prisión preventiva de Segundo", que pasó detenido unos 15 meses y había sido identificado por la mujer en rueda de presos como el autor de los disparos.

Para la mujer de Espinosa "la ceguera judicial" en Chubut "alcanza hasta para permitir una clara transgresión constitucional, como la que prohíbe que un juez tenga paralelamente actividades comerciales" en la pesca.

En ese sentido denunció que "el camarista Hipólito Giménez no sólo actuó para dejar en libertad a Guevara y Araujo sino que en un juicio laboral fue condenado a resarcir a un empleado al que pagaba en negro en su barco pesquero La Paloma, abastecedor de merluza y langostino de la empresa Conarpesa".

El mandatario chubutense admite el peligro de la impunidad en el sur del país.