El tortuoso camino de la mentira

Todo ciudadano que observe el comportamiento de cada uno de nuestros políticos podrá detectar que su mensaje está fundamentado exclusivamente en una ideología que él asegura representar. Este político reclama por este acto, para sí, el derecho de gobernarnos. Y he aquí la demostración del divorcio que tienen sus propuestas con la realidad. El no solicita nuestro apoyo para representar nuestros intereses; todo lo contrario, se declara depositario exclusivo del conocimiento de cuáles son los sagrados intereses de la República. Como si existiera en la sociedad actual diferencia entre los intereses comunes de los ciudadanos y los de la República. Tanto la derecha, como el centro y la izquierda política ilustrada, reclaman para sí el derecho de gobernarnos. He aquí su diferencia con las necesidades actuales de una sociedad moderna y realmente progresista. No solicitan representarnos, exigen el derecho a gobernarnos, relegando al ciudadano a la situación de ganado, al cual cada grupo ideológico le quiere colocar su marca. Esta situación, que está cada vez más a la vista, está sustentada por un sistema electoral que permite encubiertamente, al defender exclusivamente las diferencias ideológicas, disgregar a la opinión publica y que ésta se base únicamente en la opción ideológica, al momento de votar. En el momento de las elecciones, el poder político

-para justificar el deterioro de la sociedad- utiliza palabras como ingobernabilidad y declama que dicha situación es producto de la falta de compromiso de la sociedad, etcétera. Sin mencionar la verdad, que es la actual falta de representatividad, algo que el sistema representativo proporcional no provee; por el contrario, asegura a través de la practica del mismo el control del Estado por medio de los partidos políticos, por sobre la voluntad de los ciudadanos. Es por todo esto tragicómica la implementación -desde el poder político- de métodos como la transversalidad, el presupuesto participativo o últimamente el convenio con las vecinales, por el cual se trata de comprometer -en un intento de transparentar- a los ciudadanos en el control del funcionamiento que prestan las empresas de servicios comunales, o la falta de obras de infraestructura. Se traslada de esta forma sobre el vecino una función que deben cumplir ellos o la corporación de empleados de planta permanente de la "administración pública". No creo necesario aclarar que el sostenimiento de estas corporaciones depende de nuestros impuestos. Siguiendo la misma línea de pensamiento -transparentar-, actualmente los concejales realizan las reuniones del Concejo en los edificios de los distintos distritos, en los cuales se dividió el municipio. Piensan ellos que, de esta forma, aumentan la representatividad y trasparentan el funcionamiento, condiciones necesarias para que funcione óptimamente el sistema republicano. Ahora sí, todo esto realizado sin abandonar el anonimato y la división de responsabilidad -ante los reclamos ciudadanos- que le permite ser uno más dentro de 34 concejales. Esta situación, que impide la responsabilidad individual ante el electorado, cambiaría si abandonáramos el sistema representativo proporcional y pasáramos al uninominal. A través de este nuevo sistema, cada concejal seria responsable individual y sin paraguas ante el electorado del distrito que lo hubiera votado. Una auténtica representatividad ciudadana, producto de un sistema que reemplace al perverso mecanismo actual, es lo único que con el tiempo irá transparentando la acción de los administradores de la cosa pública. Algo que parecen haber olvidado los actuales políticos. Sin administración no existe gobierno. Solo existen -como en la actualidad- recaudadores.

Julio R. Sánchez