Crisis puntana. Investigan presunto enriquecimiento ilícito

San Luis: el patrimonio de los Rodríguez Saá, bajo sospecha

Acusan a los hermanos de haber amasado una fortuna con la aplicación de la promoción industrial

Javier Felcaro / La Capital

San Luis (enviado especial).- El futuro augura otro frente de tormenta para los hermanos Rodríguez Saá. Es que, además de la crisis política que sacude a San Luis, Alberto -gobernador- y Adolfo, ex presidente, ex mandatario puntano y actual diputado nacional, afrontan una investigación del juez federal Juan José Galeano por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa se abrió en septiembre de 2000 por una denuncia de Juan José Laborda Ibarra, ex diputado puntano del Frepaso. "En 1983 los hermanos llegaron al poder con un siete en los pantalones, junto al desarrollo de la promoción industrial y sus beneficios fiscales", le recordó el denunciante a La Capital.

Según el escribano, ambos "armaron un mecanismo de relojería" para usufructuar el 72% de los proyectos que se radicaron en San Luis: "La transferencia de subsidios se conseguía con un decreto que en realidad se vendía. La fortuna de los hermanos, esencialmente con la promoción, tiene un piso de 500 millones de pesos".

Laborda aportó un informe que el Consejo Empresario de Mendoza le encargó a la consultora Dagnino Pastore, Costa & Asociados. El dossier reveló que, por el costo fiscal de la promoción (en sus 15 años de vigencia), la Nación dejó de percibir más de 35 mil millones de pesos-dólares.

Una cámara oculta de Telenoche Investiga descubriría, en noviembre de 2000, la maniobra: madrugó al subsecretario de Industria puntano vendiendo un decreto. ¿El costo? Más de 2.350.000 pesos-dólares. "Después de Carlos Menem, quien lo hizo con las privatizaciones, los Rodríguez Saá son los que más se enriquecieron", dijo el denunciante.

Luego sumó otro dato clave. En 1997, durante una reunión de gabinete, el entonces ministro de Economía Roque Fernández interrogó al ala política que le reclamaba una reactivación industrial: "¿Cuál quieren, la de la promoción, porque hay una provincia (San Luis) que cobró coimas de 50 millones por veinte decretos?".

Laborda contó que Adolfo y Alberto nunca ocultaron su "nuevo estilo de vida, probado por la declaración jurada obrante en la causa". Y por aquel dicho de pueblo chico, infierno grande: "Acá nos conocemos todos".

La primera investigación por corrupción data de febrero de 1990, aunque fue archivada a los 30 días. En el 95, el escribano (junto a la revista Noticias) dio cuenta de la llamada "casa del perdón" que Adolfo le obsequió a su hoy ex esposa tras una pelea, revelación que murió por inanición en los Tribunales.

Escándalo de los sobornos en la Cámara alta mediante, Laborda se enteró que la Fiscalía no sólo iba a investigar a los senadores (Alberto ostentaba ese cargo) por cohecho sino también sus declaraciones juradas. "Las puertas se me abrieron", graficó.

La causa tiene diez cuerpos y, según el denunciante, está "a punto caramelo". En noviembre pasado concluyó la pesquisa preliminar y Galeano le planteó al fiscal que "ya había acreditado los dos elementos fácticos de enriquecimiento ilícito".

"La defensa pidió la nulidad, el juez la rechazó y la Cámara resolverá ahora la cuestión. Según trascendió, confirmará el fallo en primera instancia y quiere que la Afip le pase el peine fino a la documentación", precisó Laborda, quien destacó que "todo está listo para las indagatorias y que el primero sería Alberto".

Pero el ex legislador acaba de denunciar nuevos bienes puntanos presuntamente adquiridos por los Rodríguez Saá: "Un establecimiento rural denominado Alfaland, de 3.145 hectáreas. Su valor sería de 3 millones de dólares".

El denunciante aportó fotografías aéreas de propiedades sospechadas.