Camporini: "No se exige más dureza para delitos económicos que también destruyen"

Para el fiscal, el aumento de penas sólo está pensado para los delincuentes marginales

Jorge Salum / La Capital

"¿Qué pasaría si 300.000 personas salen a la calle a pedir la pena de muerte?". Obviamente en desacuerdo con la pena capital, el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini lanza el interrogante para cuestionar el modo en que el Congreso de la Nación reaccionó al pedido de Juan Carlos Blumberg y quienes lo acompañaron de endurecer las penas a los delincuentes para bajar los índices de criminalidad. La opinión del funcionario tiene el valor de provenir de un fiscal, y se multiplica cuando él mismo -encargado de acusar en nombre del Estado en el proceso penal- sostiene que en la Argentina se persigue a los delincuentes marginales y no se sancionan los delitos económicos. "Esos delitos también están destruyendo esta sociedad", dispara y entrega una visión crítica sobre las reformas que, a su juicio, se hacen para no cambiar nada.

-¿Cómo evalúa la reacción de los legisladores a la demanda social por el endurecimiento de penas y otras medidas supuestamente destinadas a bajar los delitos y aumentar la seguridad?

-Los códigos Penal y de Procedimientos se vienen reformando desde hace años casi permanentemente. Se agravó la pena de un delito cuando se comete con un arma de fuego. Después se hizo lo mismo para los mayores que delinquen en compañía de un menor. Fueron cambios importantes, aunque ahora la sociedad está reclamando más dureza y los legisladores están sancionando normas en respuesta a esa demanda. Me parecen parches y me preocupa que los legisladores digan que suben las penas en respuesta a lo que pide la gente. Pareciera que no es importante analizarlo: basta con que lo hayan reclamado 150.000 personas para sancionarlo. ¿Qué pasará si 300.000 piden la pena de muerte? ¿los legisladores la van a poner? No discuto la legitimidad de los reclamos de Blumberg y quienes lo acompañan, pero creo que los gobernantes deben responder de otra manera.

-Endurecer las penas, eliminar causales de excarcelación y bajar la edad de imputabilidad. ¿Reducirán los delitos?

-De ninguna manera. El aumento de penas no soluciona nada. Además, no hay coherencia en la política contra el delito. Si el gobierno aumentara las penas y además creara lo necesario para tener 20.000 plazas carcelarias más, pensando en sancionar a los delincuentes pero al mismo tiempo en recuperarlos, sería otra cosa. Además, acá se exige penas más duras para ciertos delitos pero no se habla de otros, como la corrupción administrativa, el vaciamiento de empresas, las quiebras fraudulentas o la evasión de impuestos, que son delitos terriblemente dañinos. Los delitos económicos también están destruyendo a esta sociedad.

-Se quiere perseguir sólo los delitos cometidos por marginales.

-Así es. Por otra parte, el delito nunca va a desaparecer. Lo que podemos lograr son ciertos estándares para vivir más seguros. Pero para eso también necesitamos soluciones de base de carácter social, económico y cultural, con políticas del Estado a largo plazo. No pasa por aumentar las penas sino que las penas se cumplan y que la prisión no sea la única forma de sancionar.

-¿No habría que imaginar penas alternativas a la prisión, al menos para algunos delitos?

-Por supuesto, eso es clave. Lo importante es que quien cometió un delito tenga noción de lo que hizo, pero para eso no necesariamente debe ir a la cárcel. Además, lo esencial es que las penas, cualquiera sea, se cumplan.

-Hay casos irritantes de condenas que nunca se cumplen.

-Es cierto, y en Rosario tenemos ejemplos. Está el caso del abogado (N. de la R.: Juan Carlos Masciaro) que mató a un empresario e hizo desaparecer el cuerpo en ácido. Le dieron perpetua pero a los 12 años estaba libre. La pena no fue inadecuada sino todo lo contrario, pero no se cumplió.

-En Santa Fe el año pasado se reformó el Código de Procedimientos Penales, aunque no hubo cambios de fondo y la figura del fiscal quedó desdibujada.

-Y..., a veces hacemos cambios para no cambiar nada. Probablemente el gobierno saliente tenía que dejar la sensación de que había hecho algo. Entonces modificó algunas cosas, aunque en el fondo todo sigue igual. Salvo la computadora nueva que me pusieron esta semana, la situación de las fiscalías no varió, la dotación del personal es la misma y el papel del fiscal es ambiguo. Un cambio sería introducir de una vez la figura del querellante, darle la oportunidad a la víctima de seguir impulsando una investigación cuando la Justicia ya la consideró cerrada y crear un organismo que financie a las víctimas que no tienen recursos.

-¿Qué piensa del proyecto de crear el juicio por jurados?

-Tiene ventajas y desventajas. Sería más transparente, pero va a haber menos sentencias que ahora. En el juicio por jurados el veredicto se basa en la íntima convicción de sus miembros a partir de lo que vieron en el proceso y no en la crítica racional de las pruebas, como es en el caso de los jueces técnicos. Los resultados muchas veces pueden ser distintos. En el caso de María Julia Alsogaray, por ejemplo, quizás se producirían veredictos distintos. Me gustaría saber cómo la juzgaría un jurado: quizás sería más duro que un tribunal compuesto por técnicos, o quizás no. Pero es claro que todo sería más transparente. En un juicio reciente realizado en Neuquén por el crimen de una mujer quizá un tribunal de jurados hubiese condenado al acusado, que terminó absuelto. En ese sistema la gente puede saber lo que está pasando en un proceso, y así todo es más transparente.

-¿Sirve crear más juzgados?

-Depende de cuántos. En Rosario hay seis juzgados de Sentencia y, para equiparar el aumento de la litigiosidad, hay que crear 15. Acá crearon dos y así el poder político le tira la pelota a la Justicia. Es como si dijera "ya está, hicimos nuestra parte, ahora ocúpense ustedes de producir más". Pero un solo juez no puede producir más de cierta cantidad de fallos por año; sería ilógico y peligroso.

-¿Está de acuerdo con las conmutaciones?

-Ese es resabio del sistema monárquico, donde era el rey quien tenía la facultad de conmutar penas. Es lo que tendríamos que empezar a cambiar, entre otras cosas. Además hay que mejorar sustancialmente el régimen de las personas privadas de su libertad, darles una posibilidad de recuperarse y no estigmatizarlas. Estos días oí sobre un proyecto de norma que impedirá trabajar, creo que en el transporte público, a personas con antecedentes de condena. Eso está mal, decididamente mal.

Fiscal de Cámaras Guillermo Camporini.