Editorial

Radares: urge abrir el debate

Se encuentra aún pendiente la resolución de un tema clave para el tránsito vehicular de la provincia: la reglamentación de la ley que fijará, entre otros temas, cómo se implementa el polémico control de la velocidad por medio de radares. Todos los sectores interesados deben participar de las discusiones, que se prevén arduas.





Al no haber sido aún reglamentada la ley N 12.217, que regula en toda la provincia de Santa Fe el sistema de control de velocidades del tránsito vehicular, la Subsecretaría de Transporte suspendió el pasado 20 de abril las autorizaciones otorgadas a municipios y comunas para ejercer ese contralor por intermedio del discutido sistema de radares. La medida está investida de incuestionable lógica, ya que la flamante norma presenta modificaciones a la regulación vigente en la materia. Preocupa, sin embargo, que la reglamentación a aplicar finalmente se defina —tal cual es mala costumbre— entre muy pocos. Si se evalúa cuán delicado y polémico es el asunto a tratar, se arribará a la inevitable conclusión de que amerita una amplia apertura del abanico de interlocutores, de modo tal que la implementación de la ley satisfaga a todos los sectores que se vean afectados por ella.

  Si se hiciera una rápida enumeración de quiénes son aquellos cuya ausencia no resulta justificable en el debate, habría que aludir en primer término a los usuarios de vehículos particulares, que podrían estar representados por instituciones tales como la Defensoría del Pueblo. La innumerable cantidad de protestas que los conductores han expresado en torno a la supuesta arbitrariedad en el empleo del sistema obliga a convocarlos y después escuchar con extrema atención cada uno de sus planteos.

  Los transportistas, cuyos intereses se ven involucrados por obvias razones, ameritan estar incluidos entre los primeros lugares de la lista, así como las compañías integrantes de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra).

  Por otra parte, tampoco cabe excluir del diálogo a intendentes y jefes comunales de las localidades afectadas por la suspensión de los controles, quienes han expresado reiteradamente su preocupación por el severo peligro que corre la vida misma de los pobladores, dada la alta velocidad que suelen desarrollar los vehículos en las rutas que atraviesan los ejidos urbanos.

  El sistema democrático de cuyas ventajas goza la Argentina —acaso su más significativa concreción como Nación en las últimas dos décadas— suele verse tergiversado o desnaturalizado por actitudes sectarias, que en muchos casos provocan graves perjuicios al conjunto de la comunidad.

  Se insiste, entonces, en un concepto que a nuestro entender es clave: la cuestión de los radares debe ser definida entre todos, y no por unos pocos. De lo contrario, será la totalidad de los santafesinos la que pague el precio de los errores.