La conmutación de pena a un ex policía condenado por triple homicidio

Las heridas abiertas de un pueblo

Cinco mil vecinos de Pérez piden al gobierno provincial que anule un beneficio otorgado a Carlos Lovazzano

Osvaldo Aguirre / La Capital

El petitorio está circulando en Pérez y ya tiene cinco mil firmas. Son vecinos que le piden al gobierno provincial que revoque la conmutación de pena concedida a Carlos Alberto Lovazzano, el ex policía que hace diez años asesinó a su esposa, su cuñada y la abuela de ambas, además de dejar heridas a otras cuatro personas. Lovazzano fue condenado a prisión perpetua el 7 de junio de 1996 por el juez Antonio Ramos. El 4 de marzo de 1997 la Sala IV de la Cámara de Apelaciones rechazó el argumento de que había actuado bajo emoción violenta -esgrimido por la defensa- y confirmó el fallo. Esa sentencia acaba de ser modificada por el gobernador Jorge Obeid, quien la convirtió en 25 años de prisión, por lo que el ex policía podrá recuperar la libertad al cumplir dos tercios de la pena.

La masacre ocurrió el 5 de agosto de 1994 en Yapeyú al 1500, de Pérez, el domicilio de la familia Capellini. Lovazzano, entonces de 27 años y adscripto a los Bomberos Zapadores, utilizó su arma reglamentaria para asesinar a mansalva a su esposa, Marcela Capellini, de 26 años; a su cuñada, Adriana Capellini, de 17; y a la abuela de ambas, Marina Taselli de Capellini, de 70. Además hirió a su suegra, Ana María González de Capellini; a su cuñado, Fernando Capellini; y a dos personas que estaban en la peluquería, María Rinaldi de Varale y Rosa Ester Snidaro.

En total Lovazzano disparó los trece proyectiles de su arma. Marcela y Adriana Capellini fueron asesinadas por la espalda y rematadas en el piso, mientras el resto de las víctimas resultó agredida sin haber esbozado un gesto de resistencia.


En discusión
"Lovazzano suelto es un peligro no sólo para mis clientes sino para toda la sociedad. De ninguna manera puede pensarse que se ha rehabilitado", dice Lidia Martínez, abogada de la familia Capellini , quien presentó el pasado lunes un pedido de reconsideración de la conmutación.

Según el director del Servicio Penitenciario provincial, Fernando Rosúa, la inclusión de Lovazzano en una lista de conmutaciones de penas fue decidida por el gobierno anterior y mantenida por el actual después de desechar pedidos de otros presos. "Se tuvo en cuenta que era un caso relacionado con cuestiones emocionales y no con cuestiones de criminalidad organizada", dijo. No obstante, la Justicia subrayó que la masacre no fue el producto de un arrebato sino una decisión que el ex policía había anticipado y que encuadraba con los malos tratos permanentes que infligió a su esposa. Los jueces destacaron la "clara actitud mentirosa y simuladora de Lovazzano" (ver aparte).

De acuerdo al director del Servicio Penitenciario, las opiniones centrales en el beneficio otorgado fueron las del director de la cárcel de Coronda -donde está preso- y las del juzgado de Ejecución Penal, que está vacante y ocupan en forma rotativa los jueces de Instrucción de Santa Fe.

"Rosúa recibió informes parciales sobre Lovazzano. En un programa de radio dijo que se equivocó: si hubo un error hay que corregirlo. No se trata de un hecho pasional sino de un crimen aberrante", destaca la abogada Martínez.


Una historia desconocida
Pese al tiempo transcurrido, el triple homicidio de Pérez todavía incluye aspectos desconocidos, como los sistemáticos malos tratos que padecía Marcela Capellini, sus intentos desesperados de sustraerse a los castigos, que la llevaron a un intento de suicidio, y los anuncios de Lovazzano respecto a que desataría "un desastre".

La hija de la pareja, a quien Lovazzano tenía consigo cuando disparó contra su esposa, se convirtió con el tiempo en otra víctima. En septiembre de 1994 los abuelos paternos obtuvieron un régimen de visitas. Ese beneficio fue anulado al comprobarse que la menor -hoy de 11 años- era obligada a llamar a su padre a la cárcel y a escribirle cartas, mientras su estado psicológico se había desestabilizado.

El 4 de septiembre de 2002, la menor declaró a la Justicia que no quería ir a la casa de sus abuelos paternos porque peleaban en forma constante y la forzaban a llamar a su padre. El 16 de octubre de ese año, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones confirmó la anulación de las visitas de los Lovazzano planteando como fundamento "la salud psíquica de (la chica), que en la fecha parece seriamente amenazada por el pertinaz interés de los abuelos paternos en lograr de cualquier modo un acercamiento de la menor con su padre".

Según la familia Capellini, Lovazzano le dijo por teléfono a su hija que se la llevaría consigo e intentó enfrentarla con sus abuelos maternos. Por casualidad se descubrió que los abuelos paternos hacían ver a la nena, de modo encubierto, por otra psicóloga, al tiempo que se negaban a colaborar con los psicólogos de la Justicia.

Por otra parte los jueces detectaron "una clara influencia de los abuelos paternos en el intento de justificar ante ella (la menor) el hecho por el cual el padre se encuentra condenado". La nena sigue hoy bajo tratamiento psicológico.


La masacre
La historia de la masacre de Pérez comenzó a gestarse el 19 de junio de 1992, cuando se casaron Lovazzano y Capellini. A partir de ese momento la vida de la mujer cambió drásticamente, ya que su esposo le restringió el contacto con su familia. "Los padres no podían ir a comer a la casa de su hija, la aisló de todas las amigas, a veces (ella) iba con su madre a hacer los mandados, pero él no se enteraba", declaró Rosa Snidaro. Sin embargo, Marcela continuó trabajando en la peluquería de su madre, en Yapeyú 1555.

"Desde el momento en que se casaron, mi yerno siempre la agredía físicamente y la amenazaba que la iba a matar, siempre con el arma reglamentaria, e incluso le decía que iba a matarnos a todos", declaró Ana González, la mamá de Marcela.

El 19 de abril de 1994 Marcela Capellini fue hospitalizada tras ingerir una sobredosis de tranquilizantes, "debido a la situación insostenible de la relación conyugal con mi esposo, ya que desde que nos casamos siempre existieron por parte de él malos tratos, golpes y amenazas contra mi vida y la de mi familia", según declaró ante el Tribunal Colegiado de Familia.

"Siento miedo de volver a mi hogar", dijo entonces Marcela Capellini. El Tribunal le concedió la guarda de su hija y dispuso que se sometiera junto a su esposo a un tratamiento de psicoterapia.

Al declarar ante la policía, la mujer fue más explícita: "el motivo que la llevó a ingerir dichas pastillas fue el provocarse la muerte debido a que no quería sufrir más las agresiones y que antes de tomar las pastillas discutieron y él le dijo: «si no hacés lo que yo quiero voy a hacer algo en contra tuya y de tu familia», a la vez que miraba la pistola que estaba sobre la mesa".

Las amenazas eran de conocimiento público. "Que no me sigan rompiendo los huevos porque soy capaz de hacer un desastre", le dijo Lovazzano a un vecino.

Lovazzano se declaró luego arrepentido y prometió corregirse. El matrimonio volvió a convivir tras unos días de separación. La tranquilidad no duró demasiado. A fines de julio Marcela llegó a la casa paterna con un maquillaje que no disimulaba las huellas de golpes. Y el 5 de agosto contó a su familia que "estaba peor que presa, no le dejaba tener amigas y le seguía pegando, le sacaba el arma enseguida y la amenazaba". Estaba decidida a separarse otra vez: fue a la comisaría de Pérez y dejó constancia de que abandonaba su hogar. Luego regresó a la peluquería, donde la esperaba Lovazzano.

El ex policía se apoderó de la nena y huyó en su auto. La familia Capellini volvió a la comisaría, donde nadie pudo hacer nada por la situación. Lovazzano seguía los hechos desde la esquina de la seccional y cuando salieron comenzó a perseguirlos con su auto, vociferando que habían arruinado su carrera.

Así llegaron hasta la casa de los Capellini. "Marcela me dice vos quedate mamá que voy yo -recordó Ana María González-. Escuché que él le gritaba «subí» (...). Marcela entró y dijo que él había amenazado que se iba a matar él con la nena (...) Hablaron en el auto un par de minutos, él le gritaba «subí, subí», ella dio la vuelta para entrar nuevamente en la casa. Fue cuando él bajó del auto y comenzó a los tiros".

Lovazzano no tiró a ciegas: disparó las 13 balas de su cargador sin errar un solo disparo. Luego arrojó su arma y escapó en el auto con la beba hacia la casa de sus padres, en Zavalla, donde fue detenido.

Desde entonces transcurrieron casi diez años, pero las heridas no cerraron. La resolución del gobierno provincial las reabrió del modo más doloroso para los Capellini y los vecinos de Pérez.

Fernando Capellini fue herido por Lovazzano. Hoy impulsa el rechazo a la conmutación.