"Hubo un juego político para sacarme de la municipalidad al que se prestaron los ediles, menos uno"

El intendente Ansoleaga levantó una quiebra y permanece en su cargo

"Nunca estuvo en peligro mi situación al frente del municipio de Granadero Baigorria", aclaró el funcionario

Marcelo Abra / La Capital

Granadero Baigorria. - El intendente de esta ciudad, Miguel Angel Ansoleaga, levantó la quiebra que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 6º Nominación de Rosario, a cargo de Graciela Abraham, le había decretado días atrás. Ansoleaga aseguró que "es un tema terminado", y que "nunca estuvo en riesgo mi situación al frente del municipio, ya que el pedido de quiebra no se encontraba firme". También cargó contra "quienes se quisieron aprovechar de una cuestión injusta para sacar réditos políticos".

La situación de Ansoleaga generó una fuerte polémica cuando tomó estado público el fallo a favor de un recurso interpuesto por el abogado Jorge Alberto Cassis, con motivo de unos honorarios generados hace varios años.

El Concejo baigorriense decidió declararse en sesión permanente y solicitó un informe a la Justicia, tras lo cual citó al intendente para que expusiera ante los ediles cuál era la situación. Durante esa reunión el concejal Alfredo Secondo presentó una postura mucho más profunda, que hacía referencia a una eventual crisis institucional en base a lo que se indica en la ley 2.756 y que a su entender Ansoleaga había cesado automáticamente en su mandato. Pero el cuestionamiento no halló eco en el resto de los concejales ni en su compañera de bancada, la también radical Irma Catania.


Inminente
Luego de brindar los detalles relacionados al caso, el intendente afirmó que la solución del problema era inminente, al tiempo que aseguró que de la quiebra se había enterado a través de los medios "porque nunca fui notificado" e insistió en que "me tocó vivir una situación injusta porque el pedido de quiebra por una cifra tan chica se pudo haber solucionado con un embargo en mi sueldo de intendente, en algunos de mis bienes, o a mi propia cuenta corriente, donde tengo una cifra superior a la deuda, por lo que el tema no habría dado para más y no hubiera alcanzado niveles escandalosos".

Anteayer al mediodía Ansoleaga formalizó un depósito por la suma de 18.170 pesos en concepto de la deuda más las costas, por lo que se espera para las próximas horas se dictamine el levantamiento definitivo de la quiebra.

En noviembre del año pasado, Cassis gestionó el pedido contra Ansoleaga por una deuda de poco más de 13.000 pesos, medida que la Justicia hizo efectiva a partir del 1º de abril, pero calificando la causa como una "pequeña quiebra".

Sobre su situación al frente del gobierno municipal derivada de la medida judicial, Ansoleaga señaló que los concejales "no tenían derecho a pedir mi destitución del cargo porque, si leen bien, la ley 2.756 habla de causas posteriores a la asunción, y este caso es anterior. Además la quiebra no estaba firme porque yo aún tenía cinco días de plazo para pagar", y afirmó que "el tema está absolutamente terminado. Afortunadamente los concejales no se prestaron, salvo Secondo, a este juego político para intentar sacarme de la Municipalidad".


Reclamo injusto
El reclamo de los honorarios que devino en quiebra se originó en un accidente automovilístico que el jefe comunal protagonizó en 1986. En aquel momento la aseguradora del vehículo involucrado, propiedad de la empresa que dirige Ansoleaga, se declaró en quiebra y la deuda debió ser cancelada directamente por él. Sin embargo, con el correr del tiempo surgió el trámite de Cassis, quien por entonces era abogado de la fallida aseguradora, por el poder de representación.

Sobre los hechos que originaron la causa explicó que se trata de "una situación particular de mi empresa y viene de 1986, cuando por un accidente automovilístico tuve que hacer frente al pago de unos 154.000 pesos, que tuve que pagar de mi bolsillo a los damnificados, porque la compañía de seguros Ruta Argentina, que estaba en calle Mitre 2090, presentó quiebra y me dejó solo con toda la tramitación de los pagos, que estuvo en manos de mi abogado particular".

"Con el correr del tiempo -agregó- me llegó un reclamo del profesional de la aseguradora, que en esa época eran casi 2.000 pesos. Yo me resistí a pagar porque consideré que no correspondía y era injusto que quisiera cobrarme su trabajo, luego de que la compañía que lo contrató me dejara sin la cobertura contratada".

Ansoleaga pasó por un momento difícil.