El gobierno ordenó investigar a ex funcionarios delarruistas

El gobierno decidió abrir una investigación administrativa sobre ex funcionarios de la gestión de Fernando de la Rúa, por presuntas irregularidades en la rendición del patrimonio de la Casa Rosada.

Los investigados serán el ex secretario privado para Asuntos Especiales Leonardo Aiello; la ex secretaria privada adjunta Ana Cristina Cernusco; la ex directora de Asistencia Social Elvira Elena Castaños de Petracchi y la ex directora de Documentación Presidencial María Cristina Busquet y Serra.

Mediante el decreto 468, el presidente Néstor Kirchner ordenó a la Secretaría Legal y Técnica que inicie "una pesquisa" sobre estas personas porque "registran cargos patrimoniales pendientes de rendición".

Entre los bienes sobre los que faltan rendición figuran computadores portátiles, una mesa de madera de estilo y sillas tapizadas, bibliotecas, gabinetes especiales de oficina, un botiquín Versalles, armarios, una lámpara de escritorio, videos, un grabador tipo periodista, una impresora y elementos de computación, entre otros.

La investigación estará enfocada a "precisar las circunstancias y reunir los elementos de prueba destinados a esclarecer", si estos funcionarios incurrieron en "hechos irregulares" al no realizar las rendiciones de cuentas correspondientes.

La tarea recaerá en la Dirección de Sumarios de la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por Carlos Zanini, de acuerdo al texto del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial.

La norma dispone poner en conocimiento de la iniciación de la pesquisa a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El decreto lleva las firmas de Kirchner y del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz.


Defensor general, en problemas
En otro orden, el defensor oficial Gustavo Martín Iglesias pidió al Congreso el juicio político de su jefe, el defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero, por presunto mal desempeño en sus funciones al haber solicitado la realización de una evaluación psiquiátrica de un colega que lo denunció ante la Justicia y la Cámara de Diputados.

Iglesias presentó además una denuncia contra Romero por la presunta comisión de delitos de acción pública ante el juez federal porteño Norberto Oyarbide.