Editorial

Para desterrar la inseguridad

La fuerte reacción de la sociedad argentina-fundamentalmente, los sectores medios- contra el estado de inseguridad reinante en el país, reflejada en la multitudinaria marcha liderada por Juan Carlos Blumberg, provocó la necesaria reacción del gobierno nacional, que por primera vez desde el inicio de su gestión vio cómo se esfumaba su iniciativa política y las demandas de la gente le imponían temas a su agenda. Esa respuesta ante la espontánea -y masiva- movilización se demoró, tal vez, por la enfermedad gástrica del presidente Kirchner, pero finalmente se produjo bajo la forma de un ambicioso plan, de cuya envergadura puede darse acabada idea si se recuerda que el ministro Beliz demoró cincuenta minutos en leer un resumen de su contenido.

Pero más allá de lo anecdótico, entre los numerosos anuncios se incluyen modificaciones tan significativas como la creación de una fuerza federal de seguridad, el impulso a una ley que permita condenar a los menores que hayan cumplido los catorce años, la instauración de los fiscales barriales y el control civil sobre la policía, la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de las existentes, la reglamentación del fondo para recompensas y la extensión de la figura del "arrepentido" más allá de la esfera permitida hasta hoy, que es la de los delitos graves.

La ambición del proyecto queda claramente expuesta cuando se piensa que la fuerza cuya creación se propone -deberá ser aprobada, como varios de los puntos anteriores, por el Congreso, ya que supone la reforma de normas nacionales- incorporará en el primer año a seis mil hombres y se estima que en el mediano plazo contará con dieciocho mil, cifra que equipararía su importancia con la de la Policía Federal.

Sin dudas que este, junto con la ampliación del límite de punibilidad, es el ítem más trascendente de la lista. Y respecto del corrimiento de dieciséis a catorce años de la edad que admite la condena, resulta pertinente la advertencia realizada ayer por el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, quien señaló que la efectividad de esta medida dependerá de si está acompañada de "una política general de protección a la infancia que saque al menor de la calle".

En síntesis, no cabe ninguna duda de que la modificación de parámetros se tornaba imprescindible si es que se pretende enfrentar con éxito al delito. En este sentido, y aunque el terreno de la implementación es siempre mucho más ríspido que el del diseño, las decisiones del Ejecutivo deben ser vistas como un auspicioso golpe de timón en un terreno en el que aún se encontraba en deuda.