El juez dice que no probó intención pero sí imprudencia

Procesaron a seis operarios de la EPE por el incendio del museo

Lanzaron las bombas de estruendo que cayeron sobre los techos del Angel Gallardo y la Facultad de Derecho

Jorge Salum / La Capital

El juez de Instrucción Carlos Carbone procesó ayer a seis operarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) como coautores del incendio que destruyó el Museo Provincial de Ciencias Naturales Angel Gallardo y parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Si bien no pudo probar que tuvieran la intención de quemar el edificio, el juez consideró acreditado que actuaron con imprudencia cuando lanzaron las bombas de estruendo que luego hicieron combustión con hojas secas al caer sobre los techos, el 1º de julio del año pasado, al final de una ruidosa marcha de protesta de los empleados estatales por la política salarial del gobierno de la provincia.

Los operarios procesados son Horacio Orlando Reinoso, de 42 años; Darío Alejandro Carbone, de 39; Julio Oscar Marcos, de 49; Rubén Alberto Boco, de 51; Carlos Alberto Recoaro, de 41, y Angel Mauricio Núñez, de 49. Los seis admitieron que desde hace años se encargan de manipular la pirotecnia cada vez que los afiliados al gremio Luz y Fuerza concurren a alguna manifestación pública, y que también lo hicieron el día que el museo y la facultad se prendieron fuego.

El delito por el que fueron procesados es causar el incendio por imprudencia, que se castiga con penas de prisión de un mes a un año. El juez también embargó preventivamente a cada uno de ellos por 40.000 pesos.

El procesamiento se basa en gran cantidad de testimonios aportados por personas que vieron a los acusados lanzar bombas cuyos restos incandescentes luego cayeron sobre el edificio siniestrado. Según las pericias realizadas por la Policía Federal y los Bomberos Zapadores, esos restos fueron los que desencadenaron el fuego.

Si bien los procesados negaron haber dirigido las bombas hacia el edificio, los testigos y las imágenes aportadas por la TV demostraron lo contrario. La valoración de estos indicios llevó al juez a concluir que "mintieron" y que son los responsables del siniestro.

Respecto a la gravedad de su conducta, el juez dijo que causaron un incendio peligroso "por su voracidad y capacidad de destrucción", que además de destruir el museo y parte de la facultad puso en riesgo a los edificios linderos. "Es más grave aún por ser el museo propiedad del Estado provincial, que vio significativamente menoscabado su patrimonio económico y cultural con pérdidas irrecuperables", sostuvo. Carbone juzgó que así los acusados afectaron los intereses de cada uno de los habitantes de la provincia, que contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de ese patrimonio.

Además puso énfasis en las características inusuales de la protesta de aquel día, por la cantidad de bombas que estallaron. "Los testigos experimentaron una sensación de gran peligro potencial, que los acusados se negaron a abortar", dijo el magistrado.

Ejemplo de esto último es lo que sucedió con una mujer que se acercó a los operarios para pedirles que no hicieron estallar más bombas porque su esposo estaba enfermo: se mofaron de ella, sugirieron que se colocara unos tapones en los oídos y dijeron que no se detendrían. "Así demostraron un total desprecio por la gente", sostuvo Carbone.

Lo que no logró el juez fue acreditar dolo directo, es decir intencionalidad. Pero concluyó que sí hubo imprudencia de parte de los seis.

Aunque aún no saben si apelarán, los abogados defensores de los operarios, Víctor Corvalán y María de los Angeles Milicic, expresaron su desacuerdo con los procesamientos y recordaron que la policía los escoltó mientras arrojaban las bombas. "Resulta perverso que el mismo Estado que los autorizó ahora los acuse de imprudentes", dijeron. Un rato antes de que se conociera la resolución, ya habían presentado un recurso donde sostienen que Carbone no tiene competencia para investigar el caso.

El incendio ocurrió el 1º de julio de 2003.