Editorial

Errores con precio alto

La historia de José Nasello puede servir como punto de partida para la reflexión en un momento muy delicado, signado por el masivo reclamo de aumento de las penas realizado por la población a partir del secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg.

Nasello, un obrero metalúrgico que ahora tiene 34 años, fue declarado inocente después de pasar 19 meses preso, acusado de violación. Un juez de sentencia concluyó que no había pruebas suficientes para procesarlo y entonces recobró la libertad. Durante el transcurso de un prolongado diálogo con La Capital narró las peripecias de su reclusión. Como sedimento de su relato quedaron los riesgos que traen aparejadas la lentitud y la potencial ineficacia de la Justicia.

Sobre la base de dos testimonios como prueba exclusiva, este hombre fue procesado por tentativa de robo, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal calificado por el uso de arma. La falta de material genético impidió concretar el decisivo examen de ADN. Y tampoco se detectaron sus huellas digitales en la cartuchera del arma que el abusador olvidó en el lugar del delito. Finalmente, y tras casi dos años, el juez José María Casas decretó su absolución. La decisión disparó la inmediata y valiente reacción de una de las víctimas, quien aseguró a este diario no tener dudas de que Nasello fue su agresor. Pero el magistrado no puede condenarlo sin tener pruebas fehacientes de la culpa. "Si se dicta condena y él no es el autor, ahí sí estaríamos ante un crimen perfecto", dijo. La sentencia ya fue apelada.

El caso trajo inmediatas resonancias en la memoria periodística. Resultó automático el recuerdo de Leandro Riboldi, el joven que estuvo catorce meses preso después de haber sido condenado a siete años de cárcel por ataques atribuidos al llamado "Violador del Centro". Sólo la detención posterior del joven médico Néstor Omar Fica, quien confesó haber sido autor de los hechos por los cuales habían condenado a Riboldi, salvó a este último de cumplir la totalidad de la condena. Parecida situación le tocó padecer a Jorge Di Sanctis, a quien una mujer imputó -tras haberlo reconocido "por la voz"- de haber cometido una violación que más tarde Fica también incluyó en la lista de sus delitos.

La falibilidad de la Justicia queda crudamente expuesta a la luz de estos errores, causantes de un sufrimiento que ninguna indemnización material podrá reparar.

Aquellos que escudándose en el legítimo sentimiento de desamparo provocado por la inseguridad reclaman, por ejemplo, la pena de muerte, deberían reflexionar sobre el significado de estas dramáticas confusiones. La pregunta que resulta inevitable hacerse, luego de recordar la historia de estos hombres, es tan obvia como inquietante: ¿cuántos más como ellos estarán, todavía, tal vez injustamente tras las rejas?