| domingo, 18 de abril de 2004 | El problema de la inseguridad Pensar que el aumento de las penas y la mano dura van a resolver el problema de la inseguridad es una ingenuidad. Es cierto que el efectivo cumplimiento de las penas y la eliminación de tantas facilidades para "zafar" son necesarias, en tanto que separan a las personas consideradas "peligrosas" del resto de los ciudadanos. Pero en la Argentina no se podrá conseguir un nivel de seguridad razonable con multitudes de hombres, mujeres y niños empujados noche tras noche a vivir de la basura de los demás y mientras el futuro sea un tiempo verbal imposible de conjugar para miles de chicos y jóvenes que deambulan por las calles de nuestras ciudades. Por supuesto que hay que atender a las urgencias de cada día pero si no se promueve un verdadero cambio cultural, que desde el diseño de una política de Estado, promueva la reconstrucción del entramado social y la reinternalización de valores tales como el trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, el respeto a las normas de convivencia y a las leyes, no hay solución posible. Es imprescindible el diseño de una serie de acciones que desde lo inmediato hasta el mediano y largo plazo se continúen con coherencia y firme decisión política más allá de los cambios de gobierno que pudieren sobrevenir en el futuro, convirtiéndolas en verdaderas acciones de Estado y no producto de un impulso atropellado urgido por el reclamo popular. Algunas de las acciones deberían ser las siguientes: 1) Rejerarquización de la policía de la provincia; 2) una decidida y vigorosa lucha contra la droga, su comercialización, tráfico, tenencia y consumo; 3) deberá ser prioridad el diseño y la implementación de políticas de Estado orientadas a los jóvenes otorgándoles los recursos que sean necesarios. Una urgente atención al fenómeno de los menores en la calle o de la calle. Atención a los adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. Reinserción escolar; políticas de tiempo libre; deporte, trabajo solidario; 4) asistencia del Estado a las organizaciones civiles y a las iglesias que trabajan con sectores de población en situaciones de riesgo, tales como niños y jóvenes; 5) la Justicia deberá adecuarse a la realidad llevando adelante todas las transformaciones que permitan la agilización de los procesos, el respeto a los derechos de los ciudadanos y la debida sanción al que infringe la ley en el marco que dan la Constitución y acuerdos internacionales. Estoy convencido que en Santa Fe se puede.
Licenciado Guillermo Pidone, ex delegado del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto en Rosario
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