Garantismo o sentido común

Ultimamente se han vertido diversas opiniones en los medios criticando el aumento de las penas para combatir los delitos sosteniendo que ello resulta ineficaz. Estas posturas están influenciadas por una ideología denominada "garantismo", la que en las últimas décadas se ha ido abriendo camino en nuestro medio. La misma considera que las causas preponderantes de la criminalidad son la pobreza y las desigualdades sociales, y descree de las penas a las cuales les asigna la función primordial de resocializar al delincuente. En síntesis, hace centro de su pensamiento en el que delinque, intentando explicar, algunos dicen justificar su accionar. Y sosteniendo como meta su conversión en un ciudadano decente (lo cual es una utopía que en algunos casos es posible y en otros no). E incluso en casos extremos repudia al derecho penal, que estima al servicio de los poderosos o de oscuros intereses. Esta concepción se aparta de diversas doctrinas filosóficas, religiosas y jurídicas que sostienen la responsabilidad individual y el libre albedrío que permite al hombre elegir su comportamiento aun en circunstancias adversas (prueba de ello es que la mayoría de los pobres, ignorantes, oprimidos o marginados no delinquen y en cambio hay delincuentes de guante blanco, cultos, prósperos o poderosos), que justifica el derecho penal como defensa de la sociedad ante la delincuencia y que le asigna a las penas función de prevención, de castigo, de satisfacción a la víctima y de protección a la sociedad. Afirmo que el "garantismo" ha permitido el abuso en las excarcelaciones, que las penas dispuestas en el Código Penal y las condenas judiciales sean virtuales porque de la combinación de diversos institutos: condena condicional, libertad condicional, salidas anticipadas, rebajas de penas por "buena conducta", conmutaciones, prescripción por morosidad judicial, etcétera, han dado por resultado que muchos delincuentes en vez de estar detenidos permanecen libres cometiendo fechorías envalentonados por la sensación de impunidad que les otorga el sistema. Prueba de lo expuesto es que la inseguridad comenzó a empeorar hace muchos años, al compás del avance de la comentada ideología que sostengo está reñida con el sentido común, cuando los niveles de pobreza eran muy inferiores a los actuales. Esta concepción asimismo justifica la inacción del Estado de dotar de adecuada infraestructura en recursos humanos y materiales (policía bien paga y equipada, número suficiente de juzgados y de cárceles, etcétera) a la defensa de la sociedad. Hay que volver a los clásicos, quienes enseñaban que la pena cumple un fin de prevención general (disuadir al delincuente) y si falla, con la aplicación de la pena afirma el derecho acreditando que es una realidad y no una ficción, previene especialmente al delincuente (mientras está detenido no puede cometer nuevos delitos y tal vez se corrija) y da satisfacción a los sufrimientos de las víctimas y a la sociedad ultrajada por el delito restableciendo en cierta medida el equilibrio social roto por el crimen. Por lo expuesto aumentar y sobre todo aplicar efectivamente las penas no es inútil, todo lo contrario. Hay que combatir la pobreza y la injusticia también, pero eso no basta. Tenemos que volver al sentido común desoyendo a los pseudoespecialistas e ideólogos de doctrinas absurdas.

Raúl Ghione