Causa Amia: separan a los fiscales y piden la nulidad del juicio oral

La Defensoría Oficial reclamó absoluciones y desacreditó la teoría del coche bomba. Abrupto giro

La Defensoría Oficial, que asiste a varios de los imputados por el atentado a la Amia, pidió anoche la nulidad de todo lo actuado y la absolución de un grupo de acusados, al tiempo que reflotó otras hipótesis sobre la voladura de la mutual judía que "no fueron tenidas en cuenta en la investigación". La solicitud se produjo poco después de que el Tribunal Federal Oral 3 separara a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, por entender que actuaron con parcialidad al haber negado saber que el detenido Carlos Telleldín recibió 400 mil dólares para declarar que policías bonaerenses se llevaron la camioneta bomba.

El pedido ante el tribunal que sustancia el juicio oral fue realizado por el abogado oficial Sergio Moreno, quien junto con su par Guillermo Lozano representa a Mario Bareiro, Oscar Bacigalupo, José Arancibia y Víctor Carlos Cruz.

Moreno adhirió al pedido de nulidad de todas las actas de secuestro de materiales en el lugar del atentado, tal como lo habían planteado las defensoras (Laura Fechino y Andrea Novello) de uno de los principales imputados: el reducidor de autos Carlos Telleldín.

También reclamó la nulidad del acta del 25 de julio de 1994 sobre el hallazgo del motor de la Renault Trafic usada como coche bomba y del acta de la declaración de Telleldín del 5 de julio de 1996, donde implicó a policías bonaerense después de haber recibido, por orden del juez federal Juan José Galeano, 400 mil dólares provenientes de la Side.

Moreno dijo que "existió un plan coordinado para que la causa fuera lo que fue y una voluntad interesada en no investigar". Y habló de la "inexistencia" de la Trafic a partir de la falta de certeza.

Tras preguntarse "si existió un coche bomba, o la necesidad de que exista un coche bomba", el letrado reprochó que se dejaron de lado otras cuestiones como "el volquete (frente a la Amia)".

En tanto, la decisión contra los fiscales que intervinieron en la causa desde el primer día de la masacre fue tomada (por unanimidad) por Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, quienes hicieron lugar a la recusación planteada por la defensa de Telleldín para que ni Mullen ni Barbaccia continuaran siendo parte del juicio, que ya entró en su etapa final.

El pedido, respaldado por la mayoría de las defensas, que entendieron que los instructores no habían velado por la "legalidad" del proceso, fue rechazado con dureza por la querella unificada de Amia, Daia y Familiares y la agrupación Memoria Activa (ver aparte).

En rigor, la única consecuencia directa de esta resolución es que tanto Mullen como Barbaccia (quien se postula a juez federal) no podrán volver a abrir la boca en las audiencias hasta que termine el proceso. Por eso, apenas escuchó la medida, el primero de los fiscales (quien estaba sentado solo frente al tribunal) se paró y abandonó el recinto.

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los acusadores y querellantes, que ahora ven con temor la futura suerte de los acusados de haber integrado la conexión local del atentado.

Curiosamente, los magistrados fundamentaron su resolución basándose en los propios argumentos de la Fiscalía para cuestionar, en su momento, el pago de los 400 mil dólares de la Side que Galeano ordenó efectuar a Telleldín en vísperas del segundo aniversario de la masacre que provocó 85 muertes.

El pago fue un secreto dentro de la causa, hasta que un video robado al tribunal (que luego apareció en manos del acusado comisario Juan José Ribelli) abrió la puerta a los cuestionamientos a Galeano.

Recién en septiembre de 2003, en el marco del juicio oral, agentes de la Side acreditaron haberle entregado a Telleldín 400 mil dólares a cambio de que prestara una declaración.

El reducidor terminó acusando a un grupo de hombres de la Bonaerense de haberse llevado la camioneta Renault Trafic que -una semana después- explotó en la mutual judía, la mañana del 18 de julio de 1994.

Galeano fue separado de la causa el 3 de diciembre pasado, luego de que la Cámara Federal entendiera que el magistrado pudo haber perdido la imparcialidad en ese sumario.

En el juzgado de Claudio Bonadío se investigan presuntas irregularidades en la instrucción. Precisamente allí, Mullen y Barbaccia negaron saber de la existencia del pago en cuestión.

Sin embargo, Barbaccia, ahora fiscal del fuero penal tributario y aspirante a juez, estuvo presente en aquella declaración que prestó Telleldín acusando a los hombres de la Bonaerense.

Además, según reconoció el propio fiscal Alberto Nisman (superior de Mullen y Barbaccia en el juicio oral), durante esa audiencia un agente de la Side le alcanzó a Telleldín un teléfono celular con la llamada de su mujer, Ana Boragni, confirmándole que el dinero había sido entregado. Recién entonces el Enano empezó a hablar.

Esta situación, para los jueces, "conlleva como presupuesto ineludible que todos los que participaron de esa diligencia debieron conocer dicho acuerdo, como también que a nadie, por si alguno de ellos lo ignoraba, pudo pasarle desapercibido -al menos- el original procedimiento utilizado para asegurarse su cumplimiento".

Anoche, Nisman advirtió que la Fiscalía "es una sola" y que, con esta controvertida decisión, los jueces perjudicaron "seriamente" al Ministerio Público. También negó haber usado su alegato para denunciar a sus colegas, como sugirieron los magistrados.

Reflotó otras hipótesis sobre la voladura de la mutual judía que "no fueron tenidas en cuenta en la investigación".