Patente: sigue la polémica por la alícuota

La polémica por el proyecto del gobierno provincial que habilita a los municipios y comunas a fijar la alícuota del impuesto a la patente, continuó ayer con nuevos protagonistas. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, el reutemista Juan Carlos Mercier, coincidió ayer con la preocupación expresada por el intendente rosarino Miguel Lifschitz respecto de que tamaña descentralización podría derivar en una guerra fiscal entre distritos, con consecuencias negativas para la recaudación.

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rosario, Carlos Fernández, consideró que se trata de un un tema "delicado, que llevaría a una puja entre los distritos que poco tiene que ver con la autonomía sino más bien con la anarquía".

Para el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, en cambio, "si prevalecen los actos de racionalidad por parte de los jefes comunales en el cobro de la patente no tiene por qué originarse anarquía".

"Han estado batallando por el tema de las patentes como una bandera y resulta que ahora se alarman porque el gobierno les va a otorgar el manejo, no lo entiendo", chicaneó el ministro.

El presidente de la comisión de Presupuesto del Senado santafesino, Juan Carlos Mercier, consideró "interesante desde el punto de vista de la eficacia" la iniciativa oficial de descentralizar el cobro del impuesto de la patente pero también objetó la liberación de la alícuota. "Bastaría que uno solo de los 356 municipios y comunas de la provincia dijera que va a cobrar la mitad de las deudas impositivas para que todo el mundo radique su vehículo en ese municipio o comuna", advirtió Mercier.

Rosúa apeló a la "racionalidad por parte de los jefes comunales" y adelantó otras medidas de "descentralización", en estudio en el gabinete de Obeid: ceder el manejo del código de faltas y, más adelante, la transferencia de los bomberos.


Incremento
Respecto al aumento del 25% de la patente acordado entre Obeid y senadores provinciales justicialistas, el secretario de Hacienda local, Carlos Fernández, consideró que la revaluación "es una obligación legal" de la provincia después de quedar desenganchada del Código Fiscal en el 2001.

Dijo que debe existir al menos un "gradualismo" hacia la armonización con la normativa nacional y señaló que los municipios deberían ser invitados a la discusión de los avaluos de los gravámenes, sobre todo patentes e inmobiliario, por su fuerte impacto en la ecuación fiscal de los distritos.