Sigue el paro del transporte de carga pero se abre el diálogo

Se sumaron piquetes en otras provincias. Las segundas líneas de TRA y el gobierno intentan un acercamiento

El paro de transportistas rurales que comenzó en Santa Fe sumó ayer las adhesiones de camioneros de localidades del sudoeste de Córdoba y sur de Buenos Aires en la segunda jornada de protesta. Aunque por ahora los dirigentes de Transportadores Rurales Argentinos (TRA) mantienen firme la decisión de continuar con la medida de fuerza hasta tanto el gobernador Jorge Obeid firme el decreto que regula la distribución de cargas y las tarifas, las segundas líneas estarían negociando un acercamiento con representantes del gobierno para tratar de llegar a una salida que permita destrabar el conflicto en plena cosecha de granos gruesos.

Los transportistas mantienen los piquetes pacíficos en las rutas de toda la provincia, a la que se sumaron en las últimas horas otros en las cercanías de Rufino y en Corral de Bustos (Córdoba). También la de camioneros del sur de Buenos Aires. La medida se está haciendo sentir fundamentalmente en los puertos, donde hasta ayer prácticamente se había paralizado el arribo de camiones para la descarga.

El titular de TRA, Carlos Di Nunzio, calificó de "grave" la situación planteada hasta el momento en cuanto a la falta de respuesta por parte del gobierno provincial a los reclamos del sector. "Estamos en plena cosecha, el transporte está parado y el gobernador no nos atiende", dijo ofuscado el dirigente, quien sostuvo que desde el sector siguen "abiertos al diálogo".

Di Nunzio reconoció haber recibido una comunicación (el lunes a última hora) por parte del subsecretario de Transporte de la provincia, Miguel Latorre, en las que los convocaba a una reunión para encontrar una salida al tema. "Ante eso le pedimos que cite a todas las partes (acopios, cooperativas y el resto de los dadores de cargas) pero no lo hizo y argumentó que esto requería una decisión política", dijo Di Nunzio en referencia a la respuesta oficial.

"Si es una decisión política, ¿entonces por qué el gobernador no firma el decreto que ya habíamos acordado en el acta acuerdo?", se preguntó Di Nunzio.


Primeros acercamientos
Frente a las marchas y contramarchas que se dieron en dos días de medida de fuerza, los dirigentes de TRA reclamaron un diálogo "directo con el ministro" de la Producción, Roberto Ceretto, quien firmó el acta acuerdo "o con el gobernador".

A última hora del lunes el subsecretario de Transporte, que lleva adelante las negociaciones, les pidió una nueva reunión a los transportistas y les acercó una propuesta. En la misma les ofrecía consensuar un nuevo plan en un plazo máximo de 60 días, que además tuviese el respaldo político de los legisladores santafesinos. Ante esto Di Nunzio se mostró escéptico. "No tenemos confianza, Cargill o General Deheza no van a firmar ese acta y todo se postergará y dilatará en el tiempo", dijo ayer el dirigente a La Capital.

Pese a esto, dejó abierta la posibilidad de un acercamiento con el gobierno para seguir dialogando una salida al conflicto, aunque con la condición de que el interlocutor sea el titular de la Producción.

Teniendo en cuenta que la situación se tensa cada día más, y más allá de las declaraciones, se supo que por estas horas hay algunos contactos a nivel de "segundas líneas" para acordar una fórmula que permita, al menos, retomar el diálogo.

En rigor, se estaría estudiando con detenimiento los cambios que el gobierno propuso al acta acuerdo original firmada hace semanas. Se trata del nuevo documento que les hizo llegar a los dirigentes de TRA el subsecretario Latorre, la semana pasada. La propuesta es someter al consenso de la Comisión de Transporte Automotor de Granos (asegurando la inclusión de productores, transportistas, acopiadores y cooperativas) la instrumentación del sistema de distribución de cargas de granos acorde a cada jurisdicción, por medio de las delegaciones regionales y la participación de intendentes y presidentes de comuna en el período de baja actividad, entre junio y noviembre.

Ese documento prevé una suerte de "tregua" de 60 días, para que la comisión recepcione la propuesta de todos los sectores involucrados en el tema, y que permanezca como instancia autorizada para hacer cumplir la normativa que surja de estos acuerdos.