Fraticelli consiguió que un tribunal internacional investigue a sus jueces

La Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió un proceso para indagar si hubo prejuzgamiento porparte de dos magistrados. Normalmente sólo lo hace cuando el veredicto ya es definitivo, algo que no ocurrió

Jorge Salum / La Capital

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, aceptó la semana que concluye abrir una investigación sobre la presunta violación de las garantías constitucionales durante el proceso judicial seguido al ex juez penal de Rufino, Carlos Fraticelli, quien ya fue condenado a prisión perpetua en primera y segunda instancia como coautor del asesinato de su hija Natalia. El organismo internacional notificó el viernes su decisión al Estado argentino y le otorgó un plazo de dos meses para que formule sus "observaciones" sobre el caso. El gobierno nacional trasladará posiblemente ahora esa resolución al Estado santafesino, en cuyo ámbito primero destituyeron a Fraticelli como juez de Instrucción y Correccional, y luego lo sentenciaron por el crimen de su hija en complicidad con su esposa, Graciela Diesser. Esta decisión alienta las expectativas del ex juez de Rufino de obtener la anulación del proceso iniciado en su contra.

Fraticelli, que está recluido en la alcaidía de la Jefatura de Melincué, se enteró de esta decisión el viernes por la tarde y lo tomó con "serena alegría", según contó a este diario uno de sus abogados, Carlos Edwards.

Esta es la primera vez en la historia institucional de Santa Fe que la CIDH admite una petición de este tipo cuando el caso aún no tiene sentencia definitiva, y uno de los pocos casos en la Argentina. Además, no existen precedentes de un recurso similar otorgado a favor de un ex integrante del Poder Judicial de una provincia argentina sometido a juicio por la comisión de un delito.

El argumento de Fraticelli y sus abogados para pedir la intervención de este organismo, que funciona en el marco del Pacto de San José de Costa Rica al que la Argentina otorgó rango constitucional en la reforma de 1994, es que al menos dos de los jueces que intervinieron en el proceso judicial en su contra prejuzgaron abiertamente sobre su autoría en el crimen de Natalia. De ese modo, sostienen, esos magistrados violaron la garantía del juez o tribunal imparcial y así perjudicaron a Fraticelli.


Declaraciones de prejuzgamiento
El pedido de intervención a la Comisión Interamericana se basa en profusas declaraciones periodísticas del ya fallecido juez de Instrucción de Melincué, Carlos Risso. Se trata del magistrado que tuvo a su cargo la investigación del crimen de Natalia Fraticelli, ocurrido la madrugada del 20 de mayo de 2000 en la casa familiar de Rufino, y que procesó al matrimonio Fraticelli-Diesser como autores del asesinato.

Antes incluso de dictar los procesamientos, cuando el episodio estaba todavía en plena etapa de investigación, Risso dijo públicamente -y más de una vez- que a su juicio el homicidio había sido cometido por la pareja. Y eso constituiría lo que se llama "prejuzgamiento", que es estar contra las normas y las más elementales garantías constitucionales.

Los abogados de Fraticelli, Carlos Edwards y Aurelio Cueto Murúa, cuestionan por el mismo motivo a la integrante de la Cámara de Apelación Penal de Venado Tuerto, Marta Burrone de Juri, quien intervino dos veces en el caso: primero al confirmar los procesamientos apelados por Fraticelli y su esposa, y luego cuando confirmaron el veredicto condenatorio dictado por el juez de Sentencia de Melincué, Héctor Vidal. En las dos ocasiones, la magistrada se pronunció por la culpabilidad de su ex colega.

Según los defensores del ex juez de Rufino, Burrone de Juri también incurrió en prejuzgamiento (hizo declaraciones al programa de Mariano Grondona) y de ese modo violó la garantía de imparcialidad a la que tiene derecho cualquier persona sometida a proceso, incluso si es culpable.

En el planteo que hicieron ante la Comisión Interamericana en junio de 2002, Edwards y Cueto sostuvieron que tanto Risso como Burrone de Juri adelantaron públicamente su opinión sobre la culpabilidad de Fraticelli en medios masivos de comunicación. Así, sostuvieron, violaron los derechos humanos de su cliente.

Los abogados enviaron en aquel momento al organismo internacional con asiento en la capital de Estados Unidos un anexo documental con gran cantidad de artículos periodísticos (incluso de La Capital) y videos de programas de TV en los que tanto Risso como Burrone de Juri adelantaban su convicción de que Fraticelli es el asesino de Natalia.


Instancias locales no agotadas
Lo significativo es que la Comisión Interamericana haya abierto el caso cuando las instancias judiciales internas en la Argentina aún no están agotadas, algo que casi no tiene precedentes en el país y ninguno en la provincia. Es que la causa está ahora en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, cuyos miembros deben resolver un recurso planteado por las defensas tanto de Fraticelli como de Diesser contra la condena dictada en su momento por el juez Vidal y ratificada por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto.

La Corte puede confirmar el veredicto o anularlo, objetivo de la defensa.

En caso de que el máximo tribunal santafesino avalara la condena, a Fraticelli y Diesser todavía les queda la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar de conseguir su anulación, algo que por otra parte sus abogados ya anticiparon que harán.

"La Comisión Interamericana no acepta este tipo de petición hasta que los recursos internos no están totalmente agotados, pero eso no ocurre en nuestro caso y por eso me parece una decisión realmente significativa", comentó ayer a La Capital el abogado Carlos Edwards.

El defensor de Fraticelli dijo que también le resulta "satisfactorio y auspicioso" que un organismo internacional que tutela la plena vigencia de los derechos humanos se aboque al conocimiento de este proceso judicial con gran repercusión mediática ante la posibilidad de que se haya violado su derecho a ser juzgado por un juez o un tribunal imparcial. "En todas las instancias provinciales en las cuales recusamos a los jueces que prejuzgaron, nuestros planteos fueron rechazados, y por eso tuvimos que recurrir a este organismo", subrayó.

Edwards sostuvo que todo el proceso contra Fraticelli se caracterizó por la gran exposición pública de los magistrados que intervinieron desde la investigación hasta la condena en segunda instancia, y que más de una vez incurrieron en prejuzgamiento. "Esto es incompatible con la mesura, prudencia y objetividad que deben guardar los jueces para no lesionar la garantía constitucional del magistrado o tribunal imparcial", dijo finalmente.

Carlos Fraticelli y su defensor, Carlos Edwards, son optimistas en encontrar justicia fuera de los límites del país.