Preocupa el pago de plus a la policía

Un experto en seguridad afirma que es contratar al que causa el problema y teme por las consecuencias

"La contratación de la policía para tener seguridad es un efecto de las transformaciones neoliberales que llevaron a privatizar lo que antes se consideraban bienes públicos y comunes, como la educación y la salud. En el caso de la seguridad, esto se ha operado de muchas formas, como la construcción de barrios privados, vigilancia particular en los edificios y mecanismos de recupero de rodados. Pero contratar a la policía es particularmente grave porque, a diferencia de otras áreas, el Estado es directamente responsable de la inseguridad. Nadie va a decir que los médicos de la salud pública son los culpables de las enfermedades, y sí lo puede decir de la policía, que hoy es gerenciadora de cuanta actividad delictiva produce recursos. Y el único efecto a mediano plazo será la potenciación del uso de mecanismos coercitivos y hasta ilegales, propios de la metodología policial, que han demostrado su ineficacia". Palabras más, palabras menos, esta es la reflexión del especialistas en seguridad Enrique Font sobre el caso del barrio Lomas de Alberdi, donde los vecinos le pagan a la Guardia de Infantería de la policía 2.800 pesos mensuales para que le garantice seguridad "extra".

Font es criminólogo, docente de la Facultad de Derecho, investigador sobre temas de seguridad, coordinador de la sección de criminología del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos, que funciona en esa facultad, y es director en Argentina del proyecto Comunidades Justas y Seguras, que desarrollan las universidades de Toronto y Nacional de Rosario.

En una charla con La Capital, este especialistas recordó que antes de la aplicación de políticas neoliberales había un monopolio simbólico del Estado sobre la seguridad, que se suponía estaba garantizada. "Las transformaciones neoliberales socavaron el discurso estatal y generaron condiciones socioestructurales que agravaron las preexistentes y oradaron el mito del Estado soberano".

En ese marco aparecen las distintas formas de privatización de servicios esenciales, entre ellos el de la seguridad.

De acuerdo a la misma línea de pensamiento, este fenómeno tuvo varios agravantes. En primer lugar, y también como consecuencia de aquellas políticas, se dieron las condiciones para un aumento de la inseguridad y de la violencia. Se incrementaron los delitos predatorios urbanos y la apropiación forzada de bienes materiales aumentó fuertemente de los 90 en adelante. "Ocurre que la respuesta estatal es parte del problema. Y en este caso se está contratando al servicio que contribuye a causarlo", considera Font, convencido de que la salida buscada por los vecinos del barrio Lomas de Alberdi es algo intermedio entre la contratación del servicio privado y la privatización total de un servicio público.

El experto lo ve como un fenómeno "indeseable, porque puede dar una respuesta pequeña y efímera en el sector, pero el costo social puede ser muy grande: no hay que descartar el fenómeno del norte del Gran Buenos Aires, donde los barrios, acorralados entre los countries y las villas, terminaron contratando el servicio de algunos ex comisarios, que inauguraron verdaderos escuadrones de la muerte en el país. La policía de Rosario tiene una alta tasa de letalidad en enfrentamientos, están dados todos los elementos para que aquí pase lo peor. ¿Qué mecanismos van a usar los policías para justificar los adicionales que cobran, en una institución que no puede controlar el delito dentro de sus propias filas?", se preguntó Font a modo de remate.