Quién gana y quién pierde según cómo se reparte la coparticipación

Claves para desatar el nudo de la distribución

Son tres los criterios que están en juego: redistribución, devolución y eficiencia fiscal. Un modelo para armar

La nueva ley de coparticipación, su discusión y análisis, es un tema pendiente de la relación fiscal entre la Nación y las provincias. Además, hay un compromiso pactado con el Fondo Monetario Internacional para la resolución del laberinto coparticipable a mediados de 2004. Según un estudio privado son tres los criterios a tomar en cuenta para la distribución de ingresos entre Nación y provincias; redistributivo, devolutivo y de eficiencia fiscal. Sobre este juego de variables deberá montarse la nueva ley.

Un análisis de la consultora Economía & Regiones enfatiza que el nuevo régimen de coparticipación debe respetar el precepto constitucional por el cual la distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, se efectúe en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto; siendo equitativa, solidaria y dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Para la determinación de un nuevo régimen se deben contemplar tres aspectos fundamentales: la composición de la masa de recursos coparticipables, la distribución primaria y la distribución secundaria, lo que significa, entre las provincias y Buenos Aires.

Respecto a la distribución secundaria, se deberían definir inicialmente los criterios de reparto. Entre los más aceptados, se distinguen tres criterios: devolutivo, redistributivo, y eficiencia fiscal.

En general, el criterio devolutivo está relacionado con la equidad, en el sentido que busca devolver los recursos aportados por cada jurisdicción. Así, una parte de la distribución podría estar vinculada en forma directa a la recaudación de recursos coparticipados de la Afip en cada jurisdicción, a la participación de cada jurisdicción en el Producto Bruto Geográfico (PBG) y en proporción a la población.

Entre los posibles indicadores se cuenta la distribución geográfica de la recaudación de la Afip, del cual no existe información disponible, la distribución geográfica del PBG y la distribución de la población.

El criterio redistributivo pretende dar cumplimiento al principio de solidaridad, desde varios aspectos a tener en cuenta como el alcanzar un grado equivalente de desarrollo entre las diferentes jurisdicciones y redistribuir recursos hacia las jurisdicciones con mayor cantidad de pobres.

Los indicadores son el porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el Indice de Desarrollo Humano (IDH), la brecha de desarrollo medida en función de las condiciones de vivienda y el nivel de alfabetización o el PBG per cápita.

También se puede equiparar el gasto por habitante, este criterio supone un costo mayor en la provisión de servicios públicos en poblaciones más dispersas, por lo que la distribución de los recursos en forma inversa a la densidad poblacional resulta un mecanismo posible.


Premiar la eficiencia fiscal
Respecto a la eficiencia fiscal, se premiaría a las provincias con mejor desempeño y los indicadores son; el resultado fiscal con respecto a la relación directa al resultado primario como proporción del gasto primario y eficiencia en la recaudación.

Aplicar el criterio devolutivo implicaría que la región Pampeana, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos serían las mas más beneficiadas en tanto contiene al 66% de la población total y concentra el 77% del Producto Bruto Geográfico y aportan más al sistema y por tanto, recibirán mayores transferencias.

La segunda región más beneficiada de acuerdo al indicador de participación en el PBG sería la Patagónica, aunque si se toma el indicador demográfico resultarían perjudicadas en la reparticipación de recursos, en tanto tienen la menor proporción de población. Sin embargo, tiene una limitación en el corto plazo que es la falta de información actualizada.

Por su parte en el criterio redistributivo las regiones del NEA y del NOA tendrían la mayor proporción de población con NBI, 30% y 27% de la población. Siguiendo esto, deberían percibir mayores recursos en relación a las regiones pampeana, patagónica y cuyana, con menor proporción de población con NBI. Asimismo, en el ránking por región, estas regiones son las de menor PBG per-cápita, por lo que, en base a este criterio de distribución, también se verían compensadas con mayores transferencias.

De acuerdo al criterio de eficiencia fiscal, Cuyo sería la región mejor posicionada, ya que en promedio habría obtenido el mayor superávit primario, equivalente al 15% del gasto primario.

El NOA; Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta y Tucumán sería la región con mayor aumento de recaudación propia, sin embargo se ubicaría en el tercer puesto en el indicador de superávit primario.

Respecto al indicador de participación en la recaudación de impuestos tributarios del consolidado provincial, se observa que en el primer semestre de 2003 la región con mayor participación fue la pampeana, y por tanto, la que más recibiría de acuerdo a este criterio de eficiencia.

Por otra parte, en la Patagonia observa una menor proporción de gasto en personal sobre gasto total y la más baja necesidad de recursos para pagar el stock de deuda pública (1,2 presupuestos). Por tanto, de acuerdo al criterio de eficiencia fiscal, sería la región que percibiría mayores transferencias de recursos coparticipables.


Las variables del análisis
Cabe señalar que los indicadores elaborados sobre la recaudación tributaria tienen la siguientes limitaciones: por un lado, al tomar la variación de recursos tributarios en términos nominales, no es factible distinguir si el incremento se debe a una mayor eficiencia en la administración tributaria como a un mayor nivel de actividad económica o a un aumento del nivel general de precios.

Este análisis concluye que que la búsqueda de los indicadores que mejor se ajusten a los criterios de distribución señalados no es un tema menor a la hora de discutir una nueva coparticipación entre provincias, existiendo además una limitación práctica dada por la escasa información con la que se cuenta en la actualidad para confeccionar alguno de estos indicadores.