Procesan al sargento denunciado cuatro días antes del homicidio

La denuncia que presentó Sandra Cabrera cuatro días antes de ser asesinada contra el ex sargento de Moralidad Pública Sergio Bermejo, al que acusaba de recaudar ilegalmente a costa de la prostitución callejera, tuvo ayer resolución judicial: el juez Carlos Carbone procesó al policía por exacciones ilegales al evaluar que la coartada del oficial carecía de sustento. Tan rápido como el trámite de la causa, resuelta en sólo un mes, llegó la apelación de la medida para que sea revisada por la Cámara Penal.

La última denuncia que acompañó Sandra Cabrera en su carácter de Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, filial Rosario, fue radicada el viernes anterior a su muerte en la fiscalía Nº 1 por la trabajadora sexual Stella Maris Longoni, de 29 años. La mujer dijo que era explotada por Bermejo, ex policía de Moralidad Pública y entonces integrante de la División Personal de la policía. Sostuvo que el miércoles anterior, agentes de Moralidad Pública la habían detenido junto a dos compañeras en San Lorenzo y Alsina. Las tres mujeres fueron llevadas a la Jefatura de Policía, de donde Longoni se fue a las 0.30 mientras que sus amigas permanecieron demoradas hasta las 12.30 del jueves.

Longoni argumentó que había pagado la coima semanal que cobraba el policía Sergio Bermejo para dejarla trabajar en paz, pero entonces se enteró que ese agente ya no formaba parte de Moralidad Pública y aún así seguía recaudando regularmente. A la vez, denunció, los policías que la detuvieron la amenazaron para que no se integrara a Ammar, porque en caso contrario tomarían represalias en su contra. La mujer agregó que Bermejo dijo que acabarían con un tiro en la cabeza si lo denunciaban, pero el sargento siempre negó haberla amenazado.

Entre otros indicios, Bermejo quedó comprometido por una serie de llamadas entre los teléfonos de ambos. El policía se defendió diciendo que hablaban porque ella le había pedido algún contacto para conseguir la habilitación de un quiosco en la zona de la terminal de ómnibus, pero este argumento al juez le pareció poco creíble y decidió procesarlo. El abogado del sargento, Carlos Varela, apeló la medida para que sea reconsiderada por la Cámara Penal.

Bermejo estaba inicialmente imputado por cohecho, un delito que se castiga con prisión de seis meses a dos años y que se aplica al funcionario público que recibe una dádiva bajo promesa de "hacer o dejar de hacer algo" relativo a sus funciones. Pero Carbone terminó procesándolo por un delito más grave, el de exacciones ilegales, que tiene una pena poco más alta: de uno a tres años de prisión. Lo que reprime es el delito en el incurre un funcionario que exige una contribución indebida. La acusación inicial contra Bermejo también contemplaba el delito de amenazas, lo que quedó excluido de la calificación final con la que fue procesado.

La medida no impide a Bermejo la excarcelación de la que goza desde el 8 de febrero. Entonces le habían impuesto la prohibición de acercarse a 600 metros de Longoni por el término de 3 meses, regla que el juez mantuvo en la resolución que firmó ayer a la mañana.