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 miércoles, 18 de febrero de 2004

Defensores de los derechos humanos atacan al gobernador

La comisión investigadora no gubernamental de los hechos de diciembre de 2001 insistió ayer en responsabilizar al Estado santafesino por los sucesos que se vivieron en la provincia, mientras caía el gobierno de Fernando de la Rúa, a raíz de "la violación a los derechos humanos de los ciudadanos, a quien hoy el gobernador Jorge Obeid les da la espalda para solidarizarse con quien ejercía el Ejecutivo por aquellos días: Carlos Reutemann".

Además, la comisión aseguró que el presidente Néstor Kirchner, "al remitir el proyecto de ley (de reparación económica a los familiares de las víctimas) al Congreso, está reconociendo públicamente la violación por parte del Estado, que él representa, de los derechos humanos de los ciudadanos, esto sin perjuicio de las acciones judiciales que determinarán la responsabilidad penal de los autores".

"A nivel provincial, en cambio, los funcionarios siempre argumentaron que sólo el Poder Judicial está facultado para investigar y nunca asumieron la responsabilidad por sus actos u omisiones", destacó el comunicado.

La comisión entiende que "se evidencia una vez más, y con particular intensidad", el contraste entre la iniciativa y el respaldo político del gobierno nacional "para investigar y asumir responsabilidades y el silencio e inacción que siguen demostrando los tres poderes del Estado provincial". Y enfatiza que los dichos de Obeid "ratifican una continuidad con la política de impunidad instaurada por el gobierno anterior".

"Obeid nunca se solidarizó con los familiares de las víctimas y su dolor, pero sí lo hace con Reutemann, quien fuera responsable máximo de la provincia en diciembre de 2001", continuó el comunicado. También se señaló que "el Ejecutivo provincial debería investigar seriamente el accionar de sus funcionarios y actuar en consecuencia". Por otra parte, se indicó que "las violaciones a los derechos humanos no se plebiscitan y la cantidad de votos que obtiene un candidato de ninguna manera garantiza la impunidad de los actos de los cuales resultan responsables los funcionarios públicos".

Asimismo, se subrayó que "agresión al pueblo santafesino es: la cantidad de muertos por violencia policial, los altos índices de desocupación y marginación para grandes sectores de la población, los 9 muertos y cientos de heridos y detenidos en la represión de diciembre de 2001 y la falta de previsión y respuesta ante las inundaciones, con un saldo de muertos y damnificados cuyas cifras todavía permanecen ocultas".

En esa línea, tanto los integrantes de la comisión como los familiares de las víctimas ratificaron su compromiso de "seguir investigando y luchando para aportar al esclarecimiento del los hechos y a la identificación de los responsables individuales e institucionales".

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