Audiencia de diputados con el juez por el caso Cabrera

Cinco legisladores plantearon su inquietud al magistrado, quien ayer desligó a un paraguayo detenido

Diputados de distintas fuerzas políticas que integran la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja provincial se reunieron ayer con el juez de Instrucción Carlos Carbone para interiorizarse de los avances en la investigación del crimen de Sandra Cabrera, la dirigente local de las trabajadoras sexuales, asesinada de un tiro en la nuca el 27 de enero pasado. Del encuentro se llevaron una novedad fresca: el ciudadano paraguayo detenido por amenazar a dos amigas de Cabrera quedó despegado de la causa al demostrarse que el arma secuestrada en su casa no fue la que se usó para matar a la líder de las meretrices.

Los diputados Julia Pesaresi (PJ), Marcelo Gastaldi (PJ), Alicia Gutiérrez (ARI) y Raúl Lamberto (PS) pidieron ser recibidos por Carbone un día después de que el jefe de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Luis Hipólito Alén, le recomendara al juez que tenga a la hipótesis policial como norte de la investigación, algo que compromete institucionalmente al gobierno provincial.

"Creemos que este hecho se debe esclarecer por la seguridad de la población, por la propia víctima y por las instituciones de la provincia", planteó en ese sentido el diputado Lamberto al retirarse del juzgado. "Tenemos una especial preocupación y una responsabilidad institucional de conocer la marcha de la investigación. El propio ministro de gobierno (Alberto Gianneschi) caracterizó el caso como un crimen mafioso y ahora el juez de la causa lo calificó directamente como una ejecución", completó.

Durante la charla con los legisladores, de la que también participó el fiscal Ismael Manfrín, el juez se mostró optimista y confiado en que de las distintas líneas que sigue el grupo especial de investigación surgirá el esclarecimiento del caso. Ayer llegó al juzgado la pericia que Gendarmería Nacional practicó sobre el revólver calibre 32 secuestrado a Darío Encina, un paraguayo detenido por amenazar a horas del crimen a dos trabajadoras sexuales que integraban la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar) que en Rosario representaba Cabrera.

Mientras el proyecto para formar una comisión investigadora parlamentaria del crimen de Cabrera sigue en discusión, la diputada del ARI Alicia Gutiérrez indicó que, al margen de la pesquisa judicial, es necesaria una intervención del Gobierno para alterar las condiciones de explotación que la propia Cabrera denunció hasta tres días antes de su muerte: "Hace falta voluntad política para desarmar el sistema que envuelve a la prostitución y la ligazón que tiene con las fuerzas policiales y el poder político", indicó Gutiérrez, quien le transmitió al juez el temor que tienen muchas meretrices de prestar declaración oficial en la policía o el juzgado, cuando sí se atreven a hacerlo en organizaciones de mujeres.

Pesaresi y Gastaldi (PJ), Lamberto (PS) y Gutiérrez (Ari).