Reunión de presos de la Unidad I con el director del Servicio Penitenciario

Nuevo pedido por un juez en Coronda

El Juzgado de Ejecución Penal está vacante desde hace 23 meses. Denuncian a una psicóloga y a un alcaide

Los delegados de los presos de Coronda pidieron ayer al director del Servicio Penitenciario de la provincia, Fernando Rosúa, que se realicen gestiones para designar con rapidez al titular del Juzgado de Ejecución Penal de esa cárcel, que se encuentra vacante desde hace veintitrés meses.

Según informaron voceros de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), el pedido formó parte de un petitorio que presentaron los reclusos, que además solicitaron el desplazamiento de dos empleados del Servicio Penitenciario.

El petitorio fue entregado en el curso de una reunión mantenida en Coronda, de la que participaron Rosúa, el alcaide Eduardo Leclerq, director de la Unidad I, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, la Pastoral Penitenciaria y la Coordinadora de Trabajo Carcelario y los delegados de los doce pabellones del penal.

La demanda para que se cubra el Juzgado de Ejecución Penal encabezó la lista de pedidos. Se trata de un reclamo antiguo de los presos, por el que incluso realizaron medidas de fuerza pacíficas. "Rosúa dijo que hay un llamado a concurso para elegir al ocupante de ese cargo", señalaron voceros de la CTC.

Además, los presos pidieron que "sean separados de sus funciones e investigados a través de un sumario administrativos" la psicóloga Carmen Rosso y el alcaide Daniel Mansilla.

Rosso es la jefa del Grupo de Tratamiento y Calificación. Los presos fundamentaron su pedido "por considerar que viene actuando con total arbitrariedad en el momento de evaluar y determinar la conducta y el concepto, haciendo del Grupo de Tratamiento y Calificación una estructura neutralizadora de las recompensas otorgadas por la ley 24.660 en lo que hace a la resocialización de los internos".

En cuanto a Mansilla, se encuentra acusado en la investigación del homicidio del preso Diego Sequeira, ocurrido en la cárcel de Las Flores. "Genera profunda desconfianza y malestar que cumpla funciones", señalaron los presos, que por otra parte manifestaron su acuerdo con el traslado del oficial Giordano. Según testimonios de detenidos, el empleado del SP habría adoptado actitudes provocadoras en medio de un motín e incluso alentado a la propagación de los incidentes.

Asimismo los presos pidieron el mejoramiento de la asistencia médica en general, que se concedan las conmutaciones de penas del mes de diciembre pasado y se cumpla con la ley 24.660.

También reclamaron que se extienda una hora el horario de las visitas, por las demoradas registradas en el ingreso de sus familiares, que se cumpla con los menúes establecidos y se incorpore una asesoría jurídica compuesta por abogados pasantes o internos idóneos.

Los presos y el director del SP convinieron en volver a reunirse en un mes, para evaluar las respuestas a los pedidos planteados.

Con el petitorio los presos incluyeron una carta de los internos de los pabellones 10 y 12, considerados de máxima peligrosidad. "Estamos alejados de toda la población. No tenemos trabajo, escuela ni patio, sin olvidar que somos maltratados en la requisa. No tenemos agua en las celdas, la comida es muy poca y de lo peor. En vez de ser humano pasamos a ser muertos en vida. El que está aquí está condenado a volver a delinquir cuando recupere su libertad. Suplicamos un cambio de régimen", detallaron los reclusos, quienes están permanentemente encerrados.

Según indicaron voceros de la CTC, "durante las requisas, los presos de los pabellones 10 y 12 son desnudados y obligados a ponerse de rodillas. Es común que los golpeen y les tiren gas lacrimógeno en la comida, que después no pueden ingerir". De acuerdo al organismo, los responsables de tales prácticas serían miembros del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias, cuyos integrantes usan máscaras para no ser identificados.

No hay quien tramite las causas de los presos.