Editorial

Impune robo de cables

La masiva protesta efectuada anteayer por un grupo de vecinos de la zona sur frente a las oficinas comerciales de Telecom, en el centro rosarino, en reclamo por la prolongada falta de servicio que padecen dio una señal contundente de la rispidez alcanzada por una situación que sólo podrá resolverse cuando se ponga fin a la nueva modalidad delictiva que azota a la ciudad: el robo de cables telefónicos.

Y es que de ningún modo puede discutirse la legitimidad de la queja de los vecinos de los barrios Las Delicias, La Guardia, Tiro Suizo y Domingo Matheu que se apostaron anteayer por la mañana en Rioja y Paraguay. La indignación que manifestaron amerita una solución urgente, pero no de parte de la cuestionada compañía, sino de las fuerzas de seguridad.

Resulta insólito, en efecto, que todavía no se haya logrado conjurar el accionar de las bandas que operan impulsadas por el preciado botín en que se ha convertido el cobre, cuyo valor se disparó después de la devaluación. El nivel de impunidad de los delincuentes es tal que se han llegado a reemplazar cables hurtados un viernes para que al sábado siguiente vuelvan a ser robados.

En ese caótico marco resulta complejo que las demandas de los numerosos damnificados encuentren satisfacción. La impresión que subyace al relato de los hechos es que en la ciudad existen auténticas "zonas liberadas" para quienes practican esta redituable modalidad delictiva.

Gran parte de la lógica indignación de quienes sufren la falta de servicio telefónico se vincula con que "las facturas del abono siguen llegando", tal cual lo comentó a este diario -con inocultable enojo- el presidente de una vecinal.

La contrapartida de la bronca de los usuarios son los argumentos expuestos por Telecom, que efectúa los reemplazos de los cables sustraídos para ser víctima, casi de inmediato, del mismo accionar delictivo.

Se puede afirmar, por ende, que tanto la gente como la compañía desempeñan el papel de víctima en esta trama. Acaso el diálogo franco y fluido entre ambas partes pudiera contribuir a enfrentar con éxito tan compleja coyuntura.

Mientras tanto, el Estado -único y verdadero garante de la seguridad de personas y bienes- debe cumplir eficazmente con el rol que le corresponde. Es decir, que los ladrones, de una vez por todas, sean atrapados y puestos en la cárcel.