La oposición quiere crear una comisión en Diputados para investigar a la EPE

Intentaría descubrir el motivo de los apagones y si la anterior gestión desmanteló la firma, como dijo Obeid

Los diputados provinciales de la oposición pretenden que se cree una comisión especial que se dedique a investigar el funcionamiento de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Los constantes cortes de luz y las declaraciones del gobernador Jorge Obeid sobre que la compañía fue "desmantelada" durante la anterior gestión motivaron esta iniciativa que espera su aprobación.

El proyecto señala que la comisión especial investigadora, que estaría integrada por un legislador de cada bloque, se dedicará a evaluar el "funcionamiento, las medidas de previsión y el aprovisionamiento técnico" instrumentados por la EPE para la prestación del servicio eléctrico y determinar posibles irregularidades.

La iniciativa fue firmada por los diputados Raúl Lamberto, Antonio Bonfatti, Sergio Liberati, Alfredo Cecchi, Aurora Baudin y Lucrecia Aranda, del Partido Socialista; Gabriel Real y Héctor Jullier, del Partido Demócrata Progresista; Antonio Riestra, Aldo Strada, Verónica Benas y Alicia Gutiérrez, del ARI; y Juan Carlos Millet y Daniela Questa, en representación de la Unión Cívica Radical.

"Nos interesa lo que pasó no sólo en Rosario, sino también en la zona sur de la provincia", dijo Bonfatti ayer a La Capital al mostrar preocupación por las reiteradas interrupciones del servicio. "Si pretendemos fomentar el empleo y la producción, es necesario saber qué clase de compañía eléctrica tenemos", explicó después el diputado.

Además, señaló que "no hay certezas sobre la energía que se está brindando; con la creación de la comisión, la idea es investigar el verdadero estado de la EPE, que claramente dejó a miles de usuarios sin luz y les produjo una serie de inconvenientes".

En los fundamentos se señala que "los prolongados cortes de energía eléctrica que desde hace aproximadamente dos meses se vienen produciendo en algunas zonas de la provincia, y particularmente en Rosario, han afectado a miles de usuarios ocasionando serios perjuicios de todo tipo, lo que se ha reflejado en innumerables quejas y reclamos a través de distintos medios y ante legisladores".

Además, se argumentó que el actual interventor de la firma, Luis El Halli Obeid, manifestó que esa situación obedece "a la responsabilidad institucional de quienes se fueron, que acomodaron la compañía para venderla y no para prestar servicio". El directivo también había afirmado en su momento a este diario que "las inversiones se hicieron mal, estuvieron mal direccionadas y apuntadas a resolver problemas de la empresa con el fin de privatizarla pero no de atender el servicio". Y abundó: "Se habló mucho de la ampliación de la capacidad de los cables subterráneos de alta tensión, pero no arreglaron las líneas de media que abastecen los sistemas dispersos en los barrios y que son las que saltan".

Pero fue hasta el propio gobernador Obeid quien manifestó públicamente que "la política de la EPE fue privatizarla, por eso la desmantelaron; a las pruebas me remito, no puede brindar el servicio como corresponde".

Tras estas afirmaciones, el abogado penalista Oscar Blando señaló en declaraciones periodísticas que "desmantelar implica una intención, un acto jurídicamente doloso y podría caber un delito penal".

En este marco, directivos de la Asamblea por los Derechos Sociales realizaron el martes pasado una presentación en la Justicia para que investigue la denuncia de "desmantelamiento" realizada por el mandatario provincial.