Diciembre negro. El proyecto, presentado en la Casa Rosada, irá al Congreso

Kirchner anunció que indemnizarán a las víctimas de la represión de 2001

El presidente consideró que la investigación judicial en Santa Fe por los sangrientos sucesos "estuvo bajo tierra"

Rodolfo Montes / La Capital

El Estado argentino asumió su directa responsabilidad en la represión ocurrida en los convulsionados días de diciembre de 2001. Ayer se hizo cargo de una treintena de muertes y de centenares de heridos, víctimas de golpes y balas policiales en distintas provincias.

"Tendemos una mano para tratar de reparar, aunque sea en términos pecuniarios, los lamentables actos de un gobierno que fue constitucional", dijo el presidente Néstor Kirchner en referencia al ex jefe del Estado Fernando de la Rúa, en un Salón Blanco de la Casa Rosada repleto de familiares de las víctimas y miembros de organismos de derechos humanos. Y agregó: "Intentaron acallar las justas protestas con los peores métodos".

Tras el discurso, Kirchner, en charla directa con el abogado Antonio Tesolini (comisión investigadora no gubernamental), reconoció que la investigación judicial en Santa Fe por lo ocurrido el 19 y 20 de diciembre de 2001 "estuvo bajo tierra". Lo hizo frente al reclamo por supuesta connivencia del gobierno que condujo Carlos Reutemann (quien fue blanco de un escrache, ver página 9) con los responsables policiales de las muertes.

El proyecto de ley reparatorio a las víctimas del diciembre trágico, que lleva la firma de Kirchner, fue enviado al Congreso para su aprobación. Contempla indemnizaciones de 224 mil pesos para los familiares de los muertos, 120 mil para quienes sufrieron heridas gravísimas, 85 mil para los heridos graves y 15 mil para lesionados leves.

"No quisiera estar firmando este proyecto -continúo diciendo el presidente-, y espero que sea la última reparación por actos de autoritarismo estatal". Para Kirchner, las acciones criminales de la policía fueron posibles por la impunidad respecto de otros actos represivos anteriores (la dictadura militar): "Si hubiese existido justicia ayer, no se hubieran animado a hacer lo que hicieron (por lo ocurrido a fines de 2001)".

Mientras el presidente anunciaba el decreto reparador, el salón respiraba emoción y sorpresa. Un joven porteño, que fue herido de bala la tarde en que cayó De la Rúa y que ahora luce recuperado pero con secuelas, no pudo evitar el comentario: "Pensar que hace apenas dos años nos estaban cagando a tiros ahí abajo... (por la Plaza de Mayo ) y ahora nos indemnizan... Si me lo cuentan, no lo creo".

Kirchner habló durante diez minutos. Destacó que la ley de reparación que envió al Congreso "fue una decisión política e institucional largamente discutida y consensuada con las víctimas y los organismos de derechos humanos".


Un anuncio para el 24 de marzo
También ratificó su decisión de anunciar el 24 de marzo próximo, a 28 años del golpe de Estado, el traspaso del edificio donde funcionó el centro de detención clandestino de la Esma, en el porteño barrio de Núñez. A través de un convenio con la Municipalidad de Buenos Aires, se construirá allí un Museo y Archivo de la Memoria. "Lo haremos porque así lo decidió la sociedad", destacó.

Luego, Kirchner jugó sin inhibiciones su juego preferido: se mezcló entre las decenas de familiares llegadas desde distintos lugares del país. Recibió comentarios, felicitaciones y pedidos durante más de 30 minutos. El protocolo quedó roto y el Lupo habló cara a cara con la gente. Se dejó tocar, se sacó fotos y escuchó reclamos, algunos de los cuales fueron derivados directamente a sus secretarios, los que con inocultable nerviosismo miraban la escena a prudentes tres pasos de distancia.

La oportunidad de hablarle al presidente de forma directa fue hábilmente aprovechada por la delegación santafesina, representante de los muertos en la provincia: Yanina García, Claudio Pocho Lepratti, Rubén Pereyra, Graciela Acosta, Juan Delgado, Walter Campos, Ricardo Villalba y Graciela Machado, en Rosario, y Miguel Pacini, de la ciudad de Santa Fe.

Kirchner recibió en mano el informe que elaboró la comisión investigadora no gubernamental, donde se denuncian graves fallas cometidas de manera deliberada por funcionarios policiales de Santa Fe a la hora de llevar adelante la recolección de pruebas.

"La policía jugó abiertamente para impedir que se conozca la verdad de los hechos y boicoteó la causa", resumieron a La Capital Lilian Echegoy, Gustavo Martínez y los abogados Federico Garat, Paula Moreti y Tesolini, todos miembros de la comisión.

El jefe del Estado también recibió un pedido urgente: que se desvincule de los servicios de Inteligencia del Estado a Enrique Alvarez, quien se desempeñó como subsecretario de Seguridad provincial durante la gestión de Reutemann. El ex funcionario perteneció a la Side durante la última dictadura militar, y la comisión lo considera responsable de la represión. Kirchner escuchó el planteo y les aconsejó seguir el tema a través de la Secretaría General de Presidencia.

El subsecretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Víctor Aliprandi, quien integró la comitiva, ratificó la voluntad de la Casa Gris de "iniciar una etapa de plena vigencia de los derechos humanos y sociales".

Kirchner escuchó a familiares de las víctimas.