Relevaron al jefe de un penal por supuesto complot criminal

La Plata.- El jefe del penal de Dolores fue relevado ayer de esa funciones por la denuncia de un preso que declaró que jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lo contrataron para matar al fiscal general de San Martín Luis María Chichizola y al camarista de San Isidro Fernando Maroto.

Se trata del inspector mayor Pedro César Guerrero, titular de la unidad penitenciaria número 6 del partido bonaerense de Dolores, que fue separado del cargo por orden del ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco.

El ministerio repudió el hecho y se comprometió a "colaborar" con los afectados y con los fiscales y jueces encargados de la investigación "para lograr el pronto esclarecimiento de las denuncias".

"Es primordial romper los cercos de sospecha que existen sobre el Servicio Penitenciario y terminar con un mal entendido corporativismo, con el fin de extraer los elementos nocivos", aseguró en un comunicado la cartera de Justicia de la cual dependen el Servicio Penitenciario.

El relevo de Guerrero se produjo luego de la denuncia de un detenido en ese penal que aseguró haber sido contratado por jefes penitenciarios para asesinar al fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola y al camarista de San Isidro, Fernando Maroto.

Fuentes de la investigación aseguraron que el detenido explicó ante el fiscal Chichizola que esos funcionarios le ofrecieron "dinero, drogas y hasta las armas para matarlo a él y a Maroto".

Otro de los motivos del desplazamiento de Guerrero tuvo que ver con lo que se denominó "falla de seguridad" cuando el interno denunciante fue sacado del penal para entrevistarse con Chichizola.

La falla de seguridad, que fue calificada como "grave", consistió en que el preso llevaba entre sus ropas un bisturí que, según el detenido, le habrían proporcionado jefes penitenciarios.

Esta amenaza de muerte o denuncias de planes para asesinarlo no son las primeras que recibe Maroto por parte de reclusos del Servicio Penitenciario provincial.

"Esta no es la primera vez que pasa, pero evidentemente no hay respuesta por parte del gobierno provincial", sostuvo el camarista y agregó que "si esto ocurre, es porque con el desinterés que demuestran los gobernantes, están alentando para que ocurra".

Maroto añadió que en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires "todo es objeto de un negocio ilegal: se cobra todo, las visitas, los permisos, las salidas, se lucra con la comida, con la construcción".

"Cuando entra la droga en la cárcel entra por la puerta y entra bien", dijo Maroto en referencia a la supuesta complicidad de los jefes penitenciario. (Télam)