Argibay dijo que defenderá la Constitución en todos sus fallos

La candidata oficial a jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay rechazó nuevamente ayer los cuestionamientos que indican que, por su posición personal proclive al aborto, no podría ser ministro del alto tribunal porque sus fallos podrían estar en contradicción con la Constitución nacional.

Al responder a un cuestionario de una ONG vinculada con la Justicia conocido ayer, Argibay proclamó que "un juez designado constitucionalmente ha jurado defender la Constitución nacional por sobre todas las cosas".

Si bien la pregunta no apuntaba específicamente a la cuestión del aborto, Argibay ratificó tácitamente su decisión de "defender la Constitución nacional por sobre todas las cosas", con lo que virtualmente dio a entender que su postura no implica directamente una votación en favor de la interrupción del embarazo.

La respuesta está contenida en un extenso cuestionario que le envió a su despacho de la Corte Penal Internacional para los crímenes en la ex Yugoslavia, en La Haya, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una de las entidades que se pronunciaron a favor de la jurista -aunque con algunas reservas- para que ocupe un cargo de juez de la Corte.

Siempre en el plano hipotético, y sin ninguna alusión directa a episodios recientes, Argibay también se pronunció sobre los decretos de necesidad y urgencia, la facultad del Poder Ejecutivo de establecer el estado de conmoción interior y la delegación de poderes del Congreso.

La jurista estimó que la Corte no debería analizar los decretos de necesidad y urgencia porque "el procedimiento constitucional otorga esa facultad a la comisión Bicameral Permanente y, en definitiva, al Poder Legislativo".


Conmoción interna
Pero sí consideró "revisable por el Poder Judicial" la determinación del estado de conmoción interior, pues "la suspensión de las garantías constitucionales es un asunto trascendente y el control es necesario". Sobre las facultades resignadas por el Congreso -los superpoderes- Argibay dijo que "sería inconstitucional" que el Ejecutivo dictara un decreto "ejerciendo una competencia más amplia que la establecida en las bases de la delegación".

La candidata opinó que no necesariamente la Corte está obligada a fallar según lo hizo anteriormente en casos similares: "Está autorizada a rever su jurisprudencia en cada caso, más aún cuando el razonamiento del precedente no resulta convincente".

Repreguntada, remató con un contundente "no" cuando la ADC le insistió si "se sentiría obligada a respetar y consecuentemente decidir las causas sometidas a su conocimiento conforme la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema".

"Cada juez debe fallar conforme su ciencia y conciencia. Las analogías siempre son relativas y las sentencias de la Corte sólo son obligatorias en el caso que resuelven. Hasta en el sistema del common law (británico) la jurisprudencia cambia de vez en cuando", analizó.

Respecto del funcionamiento de la Corte, Argibay consideró que la enorme cantidad de causas que ingresan al tribunal no es un problema. "Lo que se necesita es una revisión a fondo del trámite interno, que debe ser más ágil sin reducir la calidad", dijo. También se explayó sobre la independencia de los jueces, quienes "no deben declinar sus principios y criterios por influencias externas".