Un juez de EEUU inhibió propiedades de la Armada. Se derrumbó la Bolsa

Nuevo fallo a favor de un fondo buitre contra edificios del Estado

Kirchner ratificó la quita del 75% a los acreedores de la deuda y calificó el fallo como "fuego de artificio"

La Justicia de Estados Unidos congeló una decena de bienes del Estado argentino en el país del norte, al dictar un segundo fallo a favor del fondo "buitre" NML Capital, que intenta recuperar 172 millones de dólares en bonos defaulteados. El gobierno salió a decir que los bienes afectados están protegidos y que la decisión judicial será apelada. La noticia sacudió el mercado bursátil porteño, al punto de que el indicador Merval se derrumbó un 7,88%, su mayor caída diaria en casi dos años. Tras una jornada caliente, el presidente Néstor Kirchner ratificó la decisión de no moverse de la quita del 75 por ciento para la deuda privada, calificó a las inhibiciones como "fuegos de artificios" y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que significaría pagar más (ver página 12).

Según los documentos judiciales, NML Capital, con sede en islas Cayman, fue autorizado por un tribunal del distrito de Columbia a trabar la venta de diez edificios en la capital estadounidense. Se trata del mismo fondo que obtuvo una medida similar la semana pasada sobre depósitos de las Fuerzas Armadas en Maryland.

Uno de los inmuebles es la residencia utilizada por Javier Valladares, el agregado naval de la embajada argentina en Washington, según dijo el embajador argentino en Estados Unidos, José Octavio Bordón. El diplomático aclaró que no hubo intento de desalojo. "Dejaron un papel y se fueron", manifestó.

Un segundo activo afectado es un edificio en el distrito de Columbia dentro del que funciona el Riggs Bank. El inmueble está cerca del Monumento a la Armada, dijo Kevin Reed, abogado del fondo NML.

El edificio, de tres pisos, es de la agregaduría naval argentina y está en el corazón de Washington, cerca de la calle Pennsylvania, a medio camino entre el Capitolio y la Casa Blanca. El Banco Riggs ocupa el primer piso del elegante inmueble, que tiene una bandera argentina flameando afuera.

"Las propiedades de Argentina afectadas en Washington y en los alrededores parecen ser usadas para fines comerciales y no son inmunes frente a la ley de Estados Unidos", agregó Reed.

Bordón respondió que se trata de "acciones preventivas que no impiden el uso del lugar. Estoy convencido de que estos tipos de bienes están protegidos por la Convención de Viena en cuanto a bienes diplomáticos de los países".

Otra fuente del gobierno aseguró que eran "distintas propiedades" las afectadas, pero enfatizó que los bienes del Estado funcionan en forma "totalmente normal".

En un comunicado difundido en la medianoche del lunes, el Ministerio de Economía argentino dijo que pedirá que estas causas sean elevadas a tribunales federales estadounidenses, donde confía en que serán rechazadas. El gobierno argentino ya hizo lo propio con la sentencia de la semana pasada que inhibió los depósitos militares.

"La República actuará de igual forma con respecto al embargo de cierta propiedad diplomática por parte de NML (...) en el Distrito de Columbia", dijo el el Palacio de Hacienda.

"Los intentos NML Capital Ltd. de embargar propiedad diplomática y militar son inválidos por numerosas razones, entre otras porque dicho embargo viola tanto el derecho internacional como la ley de inmunidades de estados extranjeros de los Estados Unidos", agregó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, insistió con que los embargos no van a prosperar porque los bienes están comprendidos dentro de la Convención de Viena. "Nadie discute una deuda como estamos discutiendo nosotros y puede esperar que el acreedor se quede sentado", señaló, y agregó que "los argentinos tienen un gobierno que va a cumplir con el mandato que le han dado de resolver el problema de la deuda, pero no a costa de más hambre, desocupación e injusticia social".


Tensión por la deuda
El foco de tensión entre se desató a partir de la propuesta de devolver a los acreedores 25 centavos por cada dólar de la deuda impaga, que totaliza 88.000 millones de dólares. La propuesta del gobierno ha sido rechazada por los tenedores de bonos que, en algunos casos, reclaman recuperar 65 centavos por cada dólar invertido.

El gobierno argentino dijo que no puede modificar la propuesta porque el país no generará en los próximos años los fondos necesarios como para pagar más de lo ofrecido.

Además, asegura que los fondos de inversión compraron los títulos tras la cesación de pagos y ahora buscan ganar fallos judiciales que les permitan recuperar el 100 por ciento del valor de los bonos y hacer un jugoso negocio de corto plazo.

Sin embargo, grupos de acreedores afirman que el gobierno argentino mantiene una postura inflexible y le exigen que negocie de buena fe.

La presión judicial creció pocos días después de que el Grupo de los Siete, formado por los países más ricos del mundo, y el Fondo Monetario Internacional, pidieran a las autoridades nacionales que reanude las conversaciones con los acreedores y acelere el proceso.