La renovación. Cerró el plazo de presentaciones con 424 opiniones a favor

Casi siete mil particulares dijeron "no" a la postulación de Argibay

La suerte de la candidata a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia se decidirá en la Cámara alta

La candidata a integrar la Corte Suprema, Carmen Argibay, recibió la oposición de organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica y el respaldo de organismos de derechos humanos y entidades profesionales de derecho. Sin embargo, el dato saliente fueron las opiniones particulares: una catarata de mensajes en cadena, que en la tarde de ayer casi alcanzaban los siete mil, rechazaron la postulación de Argibay, mientras que sólo recibió el aval de 424, entre ellos el sacerdote Antonio Puigjané, condenado por el copamiento de La Tablada.

También el partido Recrear de la Capital Federal, cuyo máximo referente es el ex candidato presidencial Ricardo López Murphy, se opuso a la candidatura de Argibay.

A horas del cierre del plazo para presentaciones de adhesión y rechazo de la candidatura de Argibay, el Ministerio de Justicia recibió opiniones favorables de la UBA, el Cels, la Daia y la organización vinculada con la Justicia Fundejus.

Esas opiniones fueron requeridas por el ministerio, que también cosechó la consideración negativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que Poder Ciudadano y otra ONG relacionada con la Justicia, Fores, emitieron ayer un apoyo crítico.

Sólo una entidad internacional se pronunció sobre Argibay: fue la Asociación de Jueces para la Democracia, con sede en Ecuador, y lo hizo favorablemente.

Pero el dato saliente sobre las consideraciones que despertó Argibay está dado en las opiniones particulares, rubro en el que fueron abrumadoramente superiores en número los rechazos. Hasta las 18.30 de ayer habían recibido un total de 6.976 opiniones, la mayoría de ellas enviadas mediante una suerte de formulario con el mismo texto.


Los apoyos a la jurista
Contra esos rechazos, 424 particulares apoyaron a Argibay, entre ellos la psicoanalista y escritora Eva Giberti, la jueza en lo correccional Ana Bulacio Núñez de Rúa, prácticamente todos los trabajadores del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño y el sacerdote Puigjané.

El religioso fue uno de los condenados por el sangriento copamiento del cuartel militar de La Tablada, pero tras purgar su condena -siempre se proclamó inocente- retomó sus tareas pastorales y aparece como la única voz vinculada con la Iglesia que sostiene a la jurista.

En cuanto a instituciones que voluntariamente sostuvieron la candidatura figuran la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de Reconquista, Santa Fe, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (de la que Argibay fue presidenta), el Colegio de Abogados de La Matanza, la Asociación Mutual Mujeres de Buenos Aires, la gremial de los judiciales Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y el Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales, entre otros.

Pero en ese rubro destacan especialmente organismos defensores de los Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo y Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Entre quienes opinaron en contra, en cambio, se destaca el partido Recrear de la Capital Federal, y el resto está compuesto esencialmente por entidades religiosas.

No obstante los avales e impugnaciones, la decisión final para dar o no su acuerdo a la postulación dependerá del Senado de la Nación, tal como lo establece la Constitución nacional, proceso que se iniciará en las próximas semanas y que contará -como en su momento ocurrió con el ahora ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni- con audiencias públicas.

Argibay recibió un pronunciamiento internacional a favor.