Con el teléfono del jefe de Moralidad agendado

Revelan indicios de relación entre el dueño de una whiskería y una sección de la policía

La denuncia que en septiembre de 2003 presentó Sandra Cabrera contra la cúpula de Moralidad Pública, a la que acusó de tutelar una whiskería de Castellanos al 600, derivó en la imputación por cohecho de los entonces jefe y subjefe de la dirección disuelta tras su asesinato: Javier Pinatti y Walter Mirada. En el allanamiento al local Punta Cana aparecieron claros indicios de su vinculación con la desaparecida división policial: el dueño fue apresado cuando arrojaba a la basura un papel con el nombre de Pinatti y un número telefónico.

La causa contra los dos ex titulares de Moralidad Pública se inició en el Juzgado de Instrucción Nº 4, que en aquel entonces dispuso un allanamiento al volteadero -como aparentemente decían los policías- y recolectó documentación que probaría la relación entre los oficiales y el local, según revelaron voceros judiciales.

Al mismo tiempo, el dueño del establecimiento, su novia de nacionalidad dominicana y la propietaria del inmueble quedaron acusados de obligar a ejercer la prostitución a una mujer dominicana tras retenerle el documento de identidad y el pasaporte. La joven había denunciado que la trajeron engañada al país con la promesa de trabajar en un hotel, pero finalmente la obligaron a vender tragos y atender clientes en la whiskería de Castellanos al 600.

Por eso el hombre y las dos mujeres quedaron imputados del delito previsto por el artículo 127 del Código Penal. Esa figura reprime con prisión de tres a seis años a quien promueva la entrada o salida del país de una persona mayor de 18 para que ejerza la prostitución mediante violencia o intimidaciones.

Poco después de que se radicara la denuncia de la joven dominicana, las integrantes de Ammar acusaron a Moralidad Pública de recibir dinero de la whiskería a cambio de impedir la competencia de las mujeres que tenían su parada en la esquina de Castellanos y San Lorenzo. El ex jefe de Moralidad Pública Javier Pinatti habría actuado virtualmente como representante del volteadero, ya que según testimonios anunció su instalación ante las mujeres que trabajaban en la calle.

Tras la presentación fueron desplazados de sus puestos Pinatti, Miranda y el sargento Sergio Bermejo, ahora preso por una nueva denuncia por extorsión. Los dos primeros quedaron imputados de cohecho. Les tomaron interrogatorio sumario en sede policial y ficharon sus huellas dactilares.

En el allanamiento al local de calle Castellanos aparecieron evidencias de la presunta relación con Moralidad Pública. "Cuando lo fueron a detener, en un procedimiento filmado, el propietario arrojó unos papeles a la basura. Entre ellos había uno con el nombre de Pinatti y el teléfono de Moralidad", contó un calificado vocero de la investigación. La indagatoria de los policías y de los detenidos en Punta Cana estaba prevista para el 3 de diciembre. Pero la causa debió acumularse en el juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de María Luisa Pérez Vara, porque uno de los detenidos en la whiskería tenía allí un antecedente.

El mismo juzgado había apresado en mayo de 2002 a un hombre identificado como Rubén Oscar Velázquez, de nacionalidad paraguaya, y a una mujer. Ambos estaban acusados de privar de la libertad a menores paraguayas en un prostíbulo de Caferatta 841. La jueza otorgó la falta de mérito a los acusados pero mantuvo abierta la investigación.