Reflexiones

¿Fondos reservados o antirrepublicanos?

Lucas Carena (*)

En un estudio de Moisés López Rosas, sociólogo e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, sobre la "Consolidación democrática", leí que tal consolidación debe entenderse en dos sentidos: en sentido amplio, cuando la consolidación de la democracia designa el proceso mediante el cual las instituciones pueden sobrevivir en el tiempo y en el espacio en un contexto político y económico determinado, y en sentido restringido, esto es cuando demanda la construcción de instituciones fuertes y democráticas, la expansión de la legitimidad del régimen y la responsabilidad de los actores políticos involucrados en el proceso democrático.

Evidentemente, cumplidos 20 años de democracia, sólo la consolidación entendida en sentido amplio parece en vigencia. Hay supervivencia del régimen pero materializada en instituciones más o menos democratizadas en estado paliativo y frágil. La instauración y consolidación democráticas están lejos de alcanzar su apogeo, en tanto el sentido restringido que debe cumplir dicho proceso esté quizá en estado de gestación intrauterina.

La falta de democracia en las instituciones no se circunscribe muchas veces en los mecanismos de designación de autoridades -tal vez el único aspecto respetado actualmente en materia democrática- sino en el permanente diálogo que tales instituciones entablan con la corrupción. La corrupción es "la amenaza" de la legítima democracia.

En el caso de las Fuerzas Armadas (FFAA), que no es una excepción, la olla se destapó el 15 de marzo de 1995 con el caso de la venta ilegal de armas. Pero tal acusación recaía en personalidades concretas y sobre todo en el poder político al cual el Ejército estaba subordinado. Esta subordinación del Ejército a tal poder era vendida como una garantía del orden constitucional, pero el caso de la venta de armas -recuérdese que se vendieron de manera ilegal armas a Croacia y a Ecuador y que estuvieron detenidos varios meses el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe del Ejército Martín Balza, los ex ministros de Defensa y Economía, Erman González y Domingo Cavallo, y el ex asesor presidencial y cuñado de Menem, Emir Yoma- mostró las irregularidades y corruptelas a las que dicha fuerza estaba ligada pese a que tales denuncias apuntaron más a la corrupción que caracterizó a la década del noventa que al Ejército en sí.

Recientemente, con el pedido hecho por Ricardo Monner Sans a la Justicia federal, para la citación a declarar de todos los jefes del Ejército que ejercieron funciones entre 1988 y 2001, se reabre un debate que pone en tela de juicio la transparencia en las operaciones suscitadas desde esta institución y, junto con ello, la legítima democratización de la que tanto se ha hablado en las entrañas de las FFAA. Se trata de un hecho delictivo cuyo protagonista exclusivo es el Ejército Argentino, infringiendo la ley por la acción consumada de destrucción de documentos públicos - con lo cual hay un perjuicio, incurriéndose en un inexcusable prevaricato- y este delito contempla penas de hasta ocho años de prisión con la inhabilitación especial perpetua respecto del responsable de la maniobra.

Este tema abrió la agenda de la semana en el marco de una investigación sobre la asignación y el uso de fondos reservados cuyos comprobantes habrían sido destruidos. El abogado Ricardo Monner Sans denunció, basándose en informes periodísticos, que durante ese lapso el Ejército Argentino destruyó comprobantes sobre el destino de 396 millones de pesos y pidió la convocatoria a declarar, a partir de la denuncia que se radicó en el Juzgado Federal de María Servini de Cubría, de los ex jefes militares Dante Caridi, Francisco Gassino, Martín Bonnet, Martín Balza y Ricardo Brinzon

-que parecen estar comprometidos en la violación de normas internas del Ejército- y de los distintos ministros de Defensa que estarían involucrados o podrían aportar información sobre el caso.

En efecto, los muchos datos surgidos de un informe dirigido a Canicoba Corral por un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señalan que el Ejército Argentino, en este período, hizo un movimiento de fondos del orden de los 396 millones de pesos-dólares, esto es, alrededor de 100 mil dólares diarios. Y este sería un escándalo que tiñe de corrupción a otro organismo del Estado, tan grave como el escándalo de las coimas en la Cámara alta del Poder Legislativo.

En este contexto cabe preguntar: ¿por qué año a año se destruyeron los papeles y los libros donde se asentaron los fondos reservados recibidos y no se puede garantizar cuál fue su destino? Esta es quizá la pregunta más ingenua que podría enarbolarse, porque los disparadores que nacen a partir de los datos obtenidos de la investigación son muchos y más profundos. Cuando las FFAA se quejaban por el bajo presupuesto, ¿qué entendían por bajo presupuesto? ¿Lo de la partida oficial, o entendían la partida oficial más estos fondos? ¿Estos fondos podrían haberse utilizado para pagar abogados en la causa de la venta de armas o el caso Carrasco, por ejemplo? ¿Los jefes de inteligencia manejaban cien mil dólares diarios sin que el comandante en jefe del Ejército estuviera al tanto? Estamos hablando de la destrucción de documentación. Entonces: ¿se podrá intentar deducir hacia dónde fue ese dinero? Porque justamente, la gravedad del tema radica en la infinidad de hipótesis que se articulan a partir de la ausencia de registros de una suma tan monstruosa.

Ricardo Monner Sans haciendo un análisis de fondo sostuvo su posición en contra del concepto mismo de "fondos reservados" y "normas secretas" diciendo que República es cosa pública, por tanto lo reservado es antirrepublicano, lo secreto es antirrepublicano. Si nos atenemos a la definición de República como forma de gobierno representativa en que el poder reside en el pueblo, y este poder está personificado por un jefe supremo llamado presidente o jefe del Estado y sólo por ello obligado a atender la causa pública, el común o su utilidad, vale entonces decir que el manifiesto en contra de la naturaleza de estos fondos es correcto. No se trata solamente de un ataque a la democracia con la malversación y destrucción de registros de casi 400 millones de dólares, sino también y principalmente al republicanismo manifestado en el artículo primero de la Constitución nacional.

(*)Licenciado en Ciencias

de la Comunicación Social