Editorial

Delitos de menores

Si bien el asesinato de una anciana de 77 años ya había dado la voz de alarma, los datos revelados este lunes por la jefa de policía de la provincia sobre delitos de menores produjeron asombro y gran preocupación: "El 80 por ciento de los robos calificados y homicidios esclarecidos son cometidos por menores de 12 a 16 años". Una cifra inesperada, un fenómeno que muchos observadores y profesionales de distintas disciplinas sociales anticiparon que podía acontecer si no se tomaban medidas preventivas y que hoy ya es una realidad imperante.

Desde luego, ha operado una diversidad de factores para que se desatase este efecto multiplicador, como la profunda crisis económica de los últimos años que arrojó a la mitad de la población a vivir por debajo de la línea de la pobreza, la creciente desocupación, la deserción escolar y el avance de las bandas que trafican con estupefacientes. Pero también ha gravitado la ausencia durante años de una política nacional y provincial sobre los problemas de la minoridad, la carencia de institutos donde se pueda reencauzar a los chicos y una estructura judicial suficiente y ágil para dar respuesta a cada uno de los casos. Los tres jueces de menores han señalado categóricamente que con la estructura actual es imposible administrar justicia y dan dos datos que son elocuentes: durante el mes de enero se iniciaron más de 600 causas en el Juzgado de Menores Nº 3 y durante el último año, en los tres juzgados, se tramitaron más de 10 mil expedientes con menores como protagonistas.

Está claro entonces que el problema de la seguridad que se vive en la ciudad está vinculado a los adolescentes. Muchos de ellos son estimulados por sus propios padres a cometer delitos, facilitándoles las armas, habida cuenta de la impunidad que poseen. Claro que el problema no se resuelve bajando la edad de punibilidad sino tratando de abordar el fenómeno desde todos los perfiles. En tal sentido resulta imprescindible modificar el entorno familiar, comenzando por resolver el problema laboral. Paralelamente, la Justicia deberá replantear seriamente su estructura, ampliando y modernizando los juzgados, con funcionarios competentes. En tanto, la Nación y la provincia deberían instrumentar un programa de urgencia para suplir la carencia de institutos en lo inmediato y en el mediano plazo, a medida que el fenómeno disminuya, diseñar un plan de infraestructura que se ajuste a las necesidades.

Con mayores institutos de rehabilitación y de tratamiento de adicciones, reinserción laboral y educativa y juzgados "aggiornados" puede comenzar a revertirse la dramática situación. El fenómeno ha quedado expuesto en toda su dimensión, de modo que ningún funcionario o representante puede demorar su aporte para encontrar una salida. Ojalá estén a la altura de las difíciles circunstancias.