Denunciaron torturas físicas y psicológicas en Coronda

Tres internos del pabellón 5 de Coronda, que protagonizaron un motín hace ocho días, denunciaron torturas físicas y psicológicas por parte de personal del Servicio Penitenciario. Los reclusos relacionaron los tormentos con el petitorio que presentaron después de la revuelta en la que planteaban, entre otras cosas, que los empleados con sumarios o procesos penales abiertos no estén a cargo de la calificación de la conducta de los internos, de la cual depende el acceso a los beneficios que les corresponden por derecho.

Los internos, cuyos nombres este diario conoce y reserva, denunciaron que, tras la revuelta, empleados del Servicio Penitenciario los dejaron sin alimentos ni colchones, los sacaron desnudos de las celdas y amenazaron con matarlos apuntándoles con escopetas. Denuncian por ese maltrato a Walter Escobar, y otros dos empleados de apellido Cuello y Giordano, este último involucrado en denuncias anteriores de las mismas características, según confirmaron voceros de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC).

"En el pabellón disciplinario hay gente golpeada y no nos dan atención médica. Cuando la pedimos y viene la guardia armada, te dan un par de palazos y dicen que ya estamos curados. Rogamos que intercedan por nosotros antes de que terminen matando a una persona", expresan. Y vuelven a implorar, por el mismo temor, que los trasladen a otro pabellón.

"Nos maltratan con patadas, puños y palos por la denuncia que hemos presentado", dijeron a través de una carta enviada a sus familiares.

La "denuncia" a la que refieren es el petitorio que elaboraron después del motín. Uno de los puntos, el que solicita que no participe de la calificación el personal afectado a investigaciones o procesos penales, afecta puntualmente al subdirector de la cárcel, Oscar Mansilla, procesado junto a otros cuatro empleados por la muerte de Diego Sequeira, en el penal de Las Flores. El interno, de 20 años, apareció ahorcado en una celda en abril del 2000 y la investigación aún no tiene resolución judicial.

El aspecto primordial del reclamo apelaba a que se realizaran reformas y mantenimiento en el pabellón, donde las filtraciones de agua son constantes. El gobierno provincial respondió con una medida inmediata: la de suspender los ingresos al sector y anunció que en un plazo de 90 días debería resolverse el traslado de los internos para realizar las obras.

Los otros dos puntos pedían atención médica para los internos heridos durante el motín, que no se suspendiera la visita de sus familiares y anunciaba una presentación judicial por el agravamiento en las condiciones de detención.