LAS ACUSACIONES A LA POLICIA

"Viven del dinero que ganan las prostitutas"

La víctima había denunciado a Moralidad Pública en septiembre. A partir de ahí recibió amenazas de muerte

Ariel Etcheverry-Osvaldo Aguirre-María Laura Cicerchia / La Capital

Las amenazas de muerte que recibió Sandra Cabrera antes de su asesinato tuvieron un origen preciso: la denuncia contra policías de la sección Moralidad Pública, dependiente de la Agrupación de Unidades Especiales, que exigían coimas a prostitutas y actuaban como tutores de un prostíbulo de la zona de la terminal de ómnibus. "Ellos mismos cometen proxenetismo, porque viven del dinero que ganan las mujeres que practican la prostitución", dijo entonces Cabrera, que al mismo tiempo presentó un hábeas corpus, por temor a sufrir represalias

La denuncia fue presentada por Cabrera y otras dos mujeres el 10 de septiembre pasado y tuvo consecuencias inmediatas. Los jefes y un oficial de Moralidad Pública fueron enviados a nuevos destinos, mientras la Justicia allanó y clausuró el prostíbulo, ubicado en Castellanos 627.

Las amenazas y actos intimidatorios comenzaron el 9 de octubre, cuando un hombre llamó a la Asociación Trabajadores del Estado: "decile a Sandra que a la piba la va a encontrar muerta antes de mañana". Se refería a Macarena, la hija de la dirigente gremial.

Luego se presentó una denuncia anónima en el Juzgado de Menores número 2, según la cual Cabrera enviaba a su hija a mendigar y que no concurría a la escuela. Una asistente social comprobó la falsedad de esos dichos.

En tanto, el 17, 19 y el 24 de octubre fueron atacadas a golpes distintas trabajadoras que se encontraban en la zona reservada por la policía para el prostíbulo de calle Castellanos.


Gerenciamiento policial
"La policía de Rosario persigue a las trabajadoras de la calle en lugar de combatir la prostitución infantil o el proxenetismo, que sí están penados por la ley", dijo Sandra Cabrera en septiembre pasado.

Según la denuncia, el entonces jefe de Moralidad Pública, Javier Pinatti, les advirtió primero a las meretrices que no podían trabajar en Castellanos entre San Lorenzo y Santa Fe, para no competir con un prostíbulo instalado en esa cuadra y luego que sólo estarían tranquilas si pagaban una coima.

Una de las denunciantes también involucró entonces a Sergio Bermejo, el mismo que fue acusado la semana pasada. El oficial le habría sugerido que, por el hecho de no haberla llevado detenida, debía tener sexo con él.

A consecuencia de la denuncia, la Justicia allanó y clausuró la whiskería Punta Cana, de Castellanos 627, que habría gozado de la tutela policial. A su vez, la Jefatura de Policía trasladó a Pinatti, Miranda y Bermejo.

Impulsadas por esa presentación, el 16 de septiembre pasado prostitutas de Santa Fe denunciaron que eran extorsionadas de modo sistemático por policías de esa ciudad, que les exigían dinero o sexo a cambio de dejarlas en paz. La Unidad Regional I y la justicia de instrucción anunciaron que investigarían esas denuncias.

Al reunirse con representantes del Ministerio de Gobierno, la dirigente d elas meretrices pidió garantías de que no sería perseguida y reclamó la modificación de los artículos 78 y 81 del Código de Faltas, que califican de contravención a la prostitución callejera y la penan con treinta días de cárcel. "El objetivo es lograr una ley como la que acaba de ser sancionada en la provincia de Entre Ríos", dijo, en relación al levantamiento de las restricciones a la prostitución callejera en esa provincia.

El 24 de septiembre ingresó en la Cámara de Diputados provincial un proyecto para derogar los artículos mencionados. "La norma sólo sirve actualmente para contribuir a la caja negra policial. No resuelve absolutamente nada y es funcional a la extorsión permanente que vive esta gente", señaló el legislador socialista Eduardo Di Pollina, al presentar la iniciativa.

Producción periodística: Ariel Etcheverry, Osvaldo Aguirre y María Laura Cicerchia.