Editorial

Inseguridad, problema Nº1

Una de las principales secuelas de la crisis en la sociedad argentina ha sido el auge imparable del delito, que ha creado un estado de miedo tan justificable como negativo para el normal desenvolvimiento de la vida en comunidad. Y en este verano signado por la recuperación económica, con los centros turísticos colmados de gente, resultaba lógico que junto a los viajeros se trasladaran, también, los delincuentes. Pero lo más grave continúa siendo la carencia de respuestas eficaces ante un drama que no se detiene.

La tapa de la edición del pasado miércoles de La Capital daba fehaciente constancia de la "mudanza" de los malvivientes en pos de víctimas propicias. El balneario marplatense de Punta Mogotes y el pequeño pueblo cordobés de El Durazno, distante cuarenta kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita, fueron el escenario donde familias rosarinas sufrieron sendos despojos. En el caso acontecido en la provincia mediterránea, la sofisticación del método empleado para concretar el saqueo de la vivienda -durmieron a adultos y niños con un potente gas somnífero y "trabajaron" a posteriori con tanta comodidad que se llevaron hasta un reloj de mármol de cuarenta kilos de peso- proporciona una acabada noción del grado de desarrollo alcanzado por las bandas.

El nivel de intranquilidad que genera la permanente comisión de delitos como los narrados es importante. Y las respuestas que se brindan desde la esfera del Estado siguen siendo por completo insuficientes ante el desafío planteado por los delincuentes.

Y no es que desde esta columna se plantee la implementación de políticas de "mano dura", que equivocadamente reclaman sectores de la ciudadanía dando aire a proyectos vinculados con el autoritarismo político, los mismos que hace dos décadas y media devastaron la Argentina. Pero tampoco resulta tolerable que tales hechos ocurran sin pausa, sus responsables casi nunca aparezcan y nadie se haga cargo de tanta ineficacia.

Sin dudas que no es tarea fácil enfrentar, con los escasos recursos de que en general disponen las fuerzas de seguridad, a malhechores provistos de alta tecnología, aceitada organización y excelente logística. Aunque tampoco puede dejar de pensarse que las policías del país -sobre todo, las provinciales- no se hallan preparadas de modo adecuado para esa tarea, y no sólo en el plano material sino en el intelectual e ideológico.

De ello debe tomar conciencia de una vez por todas el poder político. El reclamo unánime por mayor seguridad amerita respuestas urgentes, y que no se confundan con el auge de la violencia represiva.