Protestarán ante la Justicia por la fuga en la seccional 25ª

Una orden judicial, la Nº 1369, fechada el 4 de noviembre de 2002 , obliga a que la capacidad del penal de la comisaría 25ª del barrio Pueblo Nuevo, en Villa Gobernador Gálvez, no sobrepase los doce internos. El martes pasado, cuando se fugaron nueve de esa dependencia, había allí encerradas 18 personas. Es por eso que un grupo de entidades religiosas y defensoras de los derechos humanos cuestionaron, por injusta, la determinación del jefe de policía de Rosario, José Maldonado, de remover a los jefes de esa comisaría a raíz de la evasión.

Estos sectores afirman que a los comisarios desplazados les impusieron coactivamente, sin que pudieran apelarlo, una cantidad de reclusos mayor a la que podían albergar en la seccional a su cargo. Que eso contribuyó a la evasión y que ahora se responsabiliza sólo a los jefes removidos. Anunciaron que pedirán al gobierno provincial explicaciones por el caso, a la vez que acudirán a la Justicia por la violación al mandato judicial de mantener no más de una docena de personas alojadas en esa comisaría.

La principal objeción partió de la Iglesia Evangélica Cristiana que realiza trabajos de asistencia a internos en la 25ª. La pastora Mercedes Ofredi, objetó ayer los relevos de los comisarios Miguel Bustamante y Augusto Gonzálvez. Dijo que ambos oficiales siempre aspiraron a cumplir el requerimiento judicial. Y que se distinguen por su preocupación en garantizar los derechos de los detenidos, en relación al trato, al cumplimiento del régimen de visitas e higiene del penal. "Nos consta que detenidos de distintas comisarías de la Unidad Regional II quieren ser trasladados a la 25ª por el buen trato a ellos y a los familiares, la atención, la entrega de alimentos cuidados y la posibilidad de acceder a asistencia espiritual", comentó la religiosa.

Al producirse la fuga, este diario consignó que al penal de la 25ª habían llegado trasladados un par de días antes internos amotinado en otra comisaría, la 26ª. Así, a la 25ª fueron transferidos ocho personas de la 26ª, tres de la 29ª y uno de la 12ª, lo que saturó el penal en contravención a la orden judicial.

"Este caso merece atención", dijo Ofredi. "En forma permanente el titular (Bustamante) descomprimía el penal trasladando presos a las cárceles de Coronda y Rosario e interiorizando a los jueces del peligro que se corría tanto para los propios internos como para el personal policial. Ocurrió lo previsible y se perjudicó al personal policial. ¿Qué habría ocurrido si en un penal superpoblado ilegalmente se amotinaran, hubiera un incendio y nuevamente muertes en los calabozos?", se preguntó la pastora, en referencia a que en la 25ª murieron 13 internos en noviembre de 2000.