"Los jueces no quisieron investigar"

Pronunciamiento de la Comisión No Gubernamental por el diciembre trágico

Afirman que es posible establecer la secuencia de mando durante la represión del estallido popular de 2001

La Comisión Investigadora No Gubernamental sobre los hechos de diciembre de 2001 cuestionó ayer con dureza a los jueces de Santa Fe y Rosario que instruyeron sumarios relacionados con la represión que dejó ocho muertos en la provincia. En su evaluación, los magistrados fueron "arbitrarios y parciales", aceptaron sin objeciones "la falsa información proporcionada por la policía" y rehusaron "establecer la secuencia de las órdenes impartidas" que al parecer estaría documentada. "En definitiva, ninguno de los jueces investigó", afirmó el nucleamiento integrado por organismos de derechos humanos y legisladores de la oposición.

En una conferencia de prensa, la Comisión se pronunció en particular sobre las investigaciones realizadas por los jueces correccionales Juan José Alarcón y Roberto Reyes, de Rosario y Santa Fe respectivamente. "Básicamente en la estructura policial está reglamentado cómo se dan las órdenes y quién ejerce cada nivel de mando. Ninguno de los dos jueces lo investigó", aseguró la abogada Carmen Maidagan.

La Comisión destacó "la ingenuidad" de "suponer que en una organización verticalista como la policía se pueda actuar sin órdenes y sin que existan registros" y también renovó sus cuestionamientos hacia el juez de instrucción Osvaldo Barbero, a cargo de la investigación de la represión en Rosario. "La policía de Rosario aportó información falsa en los casos Delgado, García, Lepratti, Pereyra y Campos, donde las TOE (Tropas de Operaciones Especiales) se encargaron de buscar testigos (uno de sus efectivos era el acusado por el crimen). Lo peor de todo es que el juez no investigó. Le mintieron, le firmaron la mentira y no investigó", dijo Antonio Tesolini.

Los miembros de la Comisión recordaron el caso de la represión policial a una movilización de trabajadores bancarios en Santa Fe, en 1996. "En ese caso se reconstruyó la cadena de mandos y se pudo establecer quién dio las órdenes. Quedó documentada la intervención de los elementos de investigaciones y de logística. De igual modo, si existiera la decisión, podría hacerse a propósito de la represión", dijeron.

"Las órdenes existieron y fueron que se reprimiera. No las dan a conocer porque eran ilegales. Y no se las investiga porque hay un intento de ocultamiento", aseguró la Comisión. En concreto, "después de las 14 horas del 19 de diciembre hubo un cambio de actitud en la policía, a partir de una orden del subsecretario de Seguridad Pública (Enrique) Alvarez para suspender las instancias de mediación que intentaban desplegar funcionarios del Ministerio de Gobierno".

El 4 de noviembre, el juez Reyes absolvió a Alvarez y al ex ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez por falta de mérito en una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación, subrayó la Comisión, se restringió a averiguar qué cantidad de balas de goma tenía la policía rosarina, aunque las muertes fueron producto de balas de plomo y "surgía la obligación de investigar la transmisión de la cadena de mandos".

En cambio, Reyes sostuvo que los jefes policiales no necesitaban instrucciones especiales "de un médico como el entonces ministro de Gobierno Domínguez o de un licenciado en ciencias políticas como el ex subsecretario de Seguridad Alvarez". Para la Comisión, que calificó de "necio y falaz" ese razonamiento, "el juez no puede obviar las claras disposiciones legales en relación a la dependencia de las fuerzas de seguridad al Ministerio de Gobierno, las órdenes que éste debía impartir y la obligación de supervisar lo que ocurría".

Por otra parte, el propio Alvarez sostuvo en su indagatoria que existía una hipótesis de conflicto previa. "En los días previos" al estallido popular, dijo, la policía de Rosario impidió dos intentos de saqueo. "Pienso, a modo de conjetura, que se trataba de hechos experimentales para verificar, en primer lugar, cuánto tiempo demoraba la policía en llegar y después cuál era la actitud de ésta", manifestó el ex miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) durante la dictadura militar.

El juez Alarcón dictó falta de mérito en diciembre del año pasado para cuatro ex jefes de la Unidad Regional II, contra quienes no encontró pruebas para imputarlos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la Comisión, no hizo "ninguna diligencia probatoria".

Por otra parte, el juez "realiza una afirmación dogmática, que no se corrobora con elemento probatorio alguno, al sostener que el contexto social en que se producen los hechos era inédito y en cierta medida imprevisible". Al respecto recordaron la existencia de un informe de la Side, "la conmoción social latente en todo el país" y las notas previas de los medios periodísticos, que evocaban el fantasma de los saqueos de 1989.

"Hubo órdenes ilegales de reprimir".