Nuevos funcionarios provinciales

Hace tiempo escribí a funcionarios de la gestión pasada pero no obtuve respuesta. Pongo ahora una cuota de esperanza en la receptividad y voluntad política por parte de los nuevos funcionarios para resolver mi caso. Se lo ha calificado de "excepcional" aunque no le ha correspondido una solución "excepcional". Nunca imaginé que una enfermedad pudiera castigarme con el descuento del sueldo. Tampoco puedo creer que una ley de la dictadura esté en vigencia y no se la haya revisado para evitar anacronismos e inflexibilidad. Paso ahora a detallar lo que tantas veces he relatado para que ustedes tomen conocimiento del problema. Con 30 años de antigüedad ininterrumpida en la docencia (en la Escuela Nº433) me vi afectada por una enfermedad: linfoma no Hodgkin, de bajo grado de malignidad pero crónica. Coincidentemente, titularicé el cargo de bibliotecaria en el que me venía desempeñando desde 1994 en la Escuela Nº433. Por este motivo no es admisible que Salud Laboral hable de "ingreso" a la docencia. Homologar la aptitud psicofísica fue el punto de conflicto. Como profesora yo tenía el "apto absoluto", pero por mi enfermedad actual se me otorgó un "apto relativo". Esto no sería relevante si las consecuencias no fueran las siguientes: no poder pedir licencia con sueldo por mi patología ni poder jubilarme por ella. Así es como sufrí el descuento de siete meses de sueldo (de abril a octubre de 2003), con lo que esto significa, pero también sufrí una profunda depresión por la injusticia y el desencanto que provocó en mí comprobar que para el Ministerio de Educación soy un "recurso humano" descartable, un dato y no una persona con derechos adquiridos, que se ve discriminada por tener cáncer como si esto fuera un estigma o una culpa. Por otra parte, mis médicos -prestigiosos profesionales- como Manuel Pérez Gocri, Mario Astegiano y la psiquiatra Stella Maris Zapalla manifestaron su indignación e incredulidad frente a la postura de Salud Laboral y del Ministerio de Educación, me dieron su apoyo y me aconsejaron recurrir a la Justicia. Eso hice: inicié un recurso de amparo y un no innovar determinó que me corresponde un "apto absoluto" de ahora en más. Me pregunto: ¿es posible que el Ministerio de Educación me obligue a buscar en la Justicia una solución al problema? ¿Es justo lo que he tenido que sufrir? Apelo a su sensibilidad y sentido común, espero que se informen exhaustivamente sobre mi caso y den una respuesta. Solicito a los legisladores que revisen la ley; a Recursos Humanos y Salud Laboral que reconozcan la carrera docente (no se ingresa a ella con la titularización); a la ministra de Educación, que tome nota de esta realidad y se interese por buscar una salida más humana.

Marta Fehrmann, profesora y licenciada en letras con 13 horas cátedra en la Escuela Nº433 y el cargo de bibliotecaria en la Escuela Nº436