Telefonía: el gobierno apuntará al menor costo en las tarifas

La política del gobierno para el nuevo esquema tarifario de telefonía hacia fines del 2004 apuntará al menor costo posible para el consumidor final, en oposición a la postura que pregona la liberalización de las tarifas finales para que la competencia genere la caída de los precios.

Así lo adelantaron altas fuentes oficiales, que aseguraron que en el tercer trimestre de 2004 comenzarán las discusiones entre las operadoras y el Gobierno para llegar a una definición sobre los contratos de concesión y las tarifas en diciembre de ese año.

"La política del gobierno nunca será la de afectar los intereses populares", remarcó la fuente consultada sobre la validez de la liberalización de las tarifas finales a cambio de un fuerte control en los precios de interconexión, nombre técnico con que se denomina el peaje que se pagan entre sí las empresas para cursar las llamadas de una red a otra.

En ese sentido, apuntó que la política liberal "que creyó en el descreme, no será nunca la política de un gobierno peronista", en referencia a la línea aplicada durante la década del 90 en el sector telefónico que postulaba la teoría de que a mayor competencia, mejores precios para los consumidores.

El gobierno nacional no sólo logró sacar de la agenda urgente de las empresas del sector el tema tarifas, sino que en menos de siete meses de gestión ocurrió un cambio de actitud de parte de los empresarios de telecomunicaciones.

Además de suspender los reclamos, los empresarios pasaron a anunciar inversiones plurianuales, tanto en telefonía fija como en móviles, participaron con recursos y proyectos del fondo fiduciario para la recomposición del sector y garantizaron un volumen de compras de insumos en el país.

Como contrapartida, el gobierno sentó las bases para una meta pedida por el sector privado: la ley de telecomunicaciones, ya que hasta ahora la desregulación del mercado se definió por decretos presidenciales y una ley le daría seguridad jurídica al sector.

Para ello, la Secretaría de Comunicaciones organizó un Congreso de Telecomunicaciones que durante un mes reunió a gremialistas, empresarios de todos los diferentes segmentos del sector y funcionarios.

Pese a que muchas conclusiones del Congreso no son coincidentes, la existencia del debate, y la no aparición de un anteproyecto ya redactado por el Gobierno tranquilizó a las corporaciones.

Para el Ejecutivo la nueva ley de Telecomunicaciones -cuya comisión redactora todavía no se conformó- debería incluir la obligatoriedad de los licenciatarios de tender redes, de modo que cada licencia tenga una exigencia de inversión.

Esta posición coincide con un reclamo de las grandes compañías -Telecom, Telefónica, Techtel, At&t, Impsat, iPlan, Comsat, Movicom, entre otras- que criticaban los modestos requisitos para tener una licencia de servicios de telecomunicaciones en el país.

El debate en el Congreso entre privados reavivó una discusión supuestamente superada en la época previa a la privatización de Entel, que centra el debate en la necesidad de establecer si los servicios de telecomunicaciones son un servicio público o si sólo lo es la telefonía.

Para el gobierno está en claro que la telefonía fija es un servicio público, pero como hay puntos del territorio donde los fijos no llegan pero sí los móviles, y especialmente los satelitales, en esos casos el móvil se transforma en un servicio público y por lo tanto con precios regulados por el Estado.

En el Congreso las posturas plantearon la diferencia entre servicio público y servicio de interés público, una manera de separar la telefonía básica de los otros segmentos del mercado que van desde la telefonía móvil hasta internet.

En el documento final de la Comisión Número Dos, se dejó sentado que "algunos entienden que los servicios de telecomunicaciones son un servicio público, lo que permite amparar el interés común de recibir los servicios bajo los parámetros de continuidad, regularidad, universalidad y obligatoriedad".

Mientras que para otros los servicios de telecomunicaciones deben "caracterizarse como de 'interés público', delimitando así el servicio público a los servicios básicos telefónicos. Esto permite graduar la intervención estatal hasta la mínima regulación en servicios prestados en marcos de alta competitividad", precisó la Comisión. (Télam)