Descartan abandonar el negocio y están dispuestos a hacer nuevas inversiones

Aguas quiere acelerar el trámite de la renegociación del contrato

El trámite se inició en marzo de 2002 pero luego se frenó. Esperan arreglar con el gobierno que asume el jueves

La concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe aspira a acelerar el trámite de renegociación del contrato que lo vincula a la provincia a partir de la asunción de las nuevas autoridades. El proceso de revisión se inició en marzo de 2002 y llegó a alumbrar un acuerdo transitorio que rigió durante un año, pero la administración de Carlos Reutemann lo canceló el mes pasado, tensando la cuerda de la relación con la privatizada. Sin embargo, la llegada a la Argentina de ejecutivos del grupo controlante Suez para dialogar con el gobierno nacional (ver aparte) promete abrir un nuevo capítulo en la relación entre la empresa y el Estado, que tendrá consecuencias en el ámbito santafesino. Por lo pronto, directivos de la empresa privatizada anticiparon a La Capital que están dispuestos a llevar adelante un plan de inversiones, descartaron toda posibilidad de abandonar el negocio pero plantearon la necesidad de sentarse a discutir un arreglo de fondo.

"A pesar de los aumentos en los costos que sobrevinieron a la devaluación pudimos conseguir nuestro objetivo principal de mantener el servicio", enfatizó Alfredo Parcel, gerente de Relaciones Institucionales de la compañía de capitales franceses.

Según datos que maneja la propia empresa, desde 2001 la empresa afronta aumentos en los insumos de producción que van desde el 12 por ciento en la energía eléctrica hasta el 116 por ciento en algunos elementos vitales para la potabilización, como es el caso del coagulante. "Ello no impidió que mantuviéramos la prestación de los servicios con la calidad de siempre, incluso en Santa Fe cuando fue la inundación", acotó el ejecutivo.

Para más datos, un informe presentado por la compañía al cumplirse su octavo aniversario como prestadora del servicio deja constancia que en 2002 se afrontó una sobredemanda del consumo, 410 litros por habitante en 2002 contra 401 del año anterior, sin que se registraran problemas de abastecimiento.

"Durante el último verano el porcentaje de reclamos por baja presión fue apenas del 0,25% y para esta temporada debería darse una situación de excepcionalidad, al estilo de lo que pasó en Europa, para que se presenten problemas de abastecimiento significativos", dijo Parcel, y de paso recordó que los estándares de consumo local casi duplican la media internacional.

Luego de bajar en forma unilateral el acuerdo de emergencia pactado en octubre de 2002, el gobierno provincial impuso a Aguas Provinciales un plan de obras por unos 18 millones de pesos a realizar en un período que finalizará a mediados de 2005. Aguas deberá fijar posición antes de fin de año con relación a esta exigencia y en principio muestra su predisposición a hacerlas aún sin un nuevo acuerdo, pero a cambio espera señales de una mejor actitud para avanzar con la rediscusión global del contrato.

El gobierno santafesino canceló aquel acuerdo transitorio -que era un caso único entre las empresas de saneamiento- luego de que la gestión de Néstor Kirchner endureciera la posición respecto de los contratos de las privatizadas.

Como se sobreentiende que será el gobierno nacional quien establezca las pautas a seguir en este proceso que tiene fecha límite el último día de 2004, el endurecimiento nacional de algún modo restringió el margen de maniobra para la administración de Carlos Reutemann. No era para menos, porque con el arreglo transitorio se corría el riesgo de quedar con los pies fuera del plato si la historia tenía un mal final.

Pero ahora parecen soplar nuevos vientos, y si se producen avances a nivel nacional todo indica que tal situación podrá replicarse en el ámbito santafesino. "Aguas Provinciales es un buen operador", fue la frase conciliadora que lanzó la semana pasada el ministro de Obras Públicas santafesino, Edgardo Berli, y admitió que el contrato "tal como está es inviable".

Para la empresa la cuestión a resolver va mucho más allá del nivel tarifario. "Si ya desde 1999 la gente no podía afrontar la parte que le corresponde al efectuarse las obras, menos puede ahora después de que la devaluación redujo el poder adquisitivo de los salarios", explicó Parcel y agregó: "No es una cuestión de tarifas, porque resulta necesario encontrar una nueva ecuación que permita llevar adelante los trabajos de infraestructura en el nuevo marco socioeconómico".

El directivo de Aguas destacó que la compañía reinvirtió todas las ganancias de los ocho primeros años de gestión sin pagar dividendos a los accionistas y planteó que la compañía también necesita un nuevo contrato para poder avanzar en la renegociación de su deuda con sus acreedores internacionales, que básicamente son organismos multilaterales como la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de inversiones del Banco Mundial. "Son 130 millones de dólares que debemos saldar, y hasta ahora sólo estamos pagando los intereses", señaló Parcel, y anticipó que la renegociación con la provincia debería contemplar que una parte de los resultados operativos se destine a atender esos compromisos.

Directivos de Aguas pretenden un acuerdo.