El gobierno podría verse obligado a devolver 500 millones de pesos

La Justicia declaró inconstitucional un recorte de asignaciones familiares

Un fallo de primera instancia impugnó un decreto firmado por De la Rúa en 2001. Tendría efecto retroactivo

La Justicia declaró la inconstitucionalidad de dos decretos presidenciales de necesidad y urgencia dictados durante la gestión de Fernando de la Rúa que limitan el pago de asignaciones familiares, confirmaron ayer fuentes tribunalicias. Con este dictamen, los trabajadores que dejaron de percibir estos beneficios vuelven a tener el derecho de acceder a ellos y, además, pueden reclamar la retroactividad al momento de implementarse los decretos. Aunque el gobierno puede apelar el fallo en los próximos seis días, referentes gremiales aseguran que si la gestión de Néstor Kirchner pretende aumentar el consumo, esta sería una oportunidad que no debería desaprovechar.

La sentencia de la jueza de Trabajo, María García Chafuén, corresponde a la demanda iniciada hace dos años por una veintena de gremios, nucleados en las dos CGT, por considerar que los decretos 1382/01 y 1407/01, al afectar las asignaciones familiares, violaban derechos establecidos en la Constitución.

Poco antes de la caída del gobierno de De la Rúa, la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, impulsó la rebaja y redistribución de asignaciones salariales. A través de esas normas se dispuso abonar la asignación por hijo sólo a aquellos trabajadores cuyo ingreso mensual no superara los 1.000 pesos. Los decretos también establecieron modificaciones en el régimen de las asignaciones por hijo discapacitado, maternidad, ayuda escolar primaria y por cónyuge.

"Independientemente del acierto o error de las disposiciones establecidas en las normas, ambas, a mi criterio, presentan una inconstitucionalidad de origen", afirmó García Chafuén en su dictamen. La jueza reivindicó que esos "derechos sociales deben ser reglamentados por leyes formales". Además, destacó que las asignaciones, por su naturaleza alimentaria, "nunca pueden ser aniquiladas ni aun en la emergencia".

Héctor Recalde, uno de los abogados que impulsó la demanda, aclaró a La Capital que todos los trabajadores tienen derecho a pedir el pago retroactivo de las asignaciones familiares. El abogado dejó en claro que con los 500 millones de dólares que el Estado se ahorró se castigó tanto a jubilados como a trabajadores activos y "eso no fue justo".

Sobre la posibilidad de que el gobierno apele la medida, Recalde sostuvo que esa medida se contrapondría con la intención del gobierno de estimular el consumo. "Esto puede ser favorable, por lo cual no creo que apele el fallo", dijo.

La sentencia, se dictó a favor de los dependientes nucleados en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, el Sindicato de Choferes de Camiones y Afines, Unión Tranviarios Automotor, Asociación Argentina de Aeronavegantes y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, entre otros.

Los cambios en el sistema de seguridad social fueron anunciados en su momento por Bullrich, como una redistribución del beneficio. Se estableció una asignación de 30 pesos por hijo, una ayuda de cien pesos para los mayores de 75 años y una beca por permanecer en la escuela secundaria para los jóvenes de 13 a 17 años. La contrapartida fue el corte del pago de las asignaciones para aquellos trabajadores que ganaban más de mil pesos.

Bullrich impulsó el cambio de asignaciones.