Por la ciudad

¿No habría que consultar a la gente?

Adrián Gerber / La Capital

Hay debates que en Argentina son sumamente difíciles y complicados de plantear sin correr el riesgo de recibir como respuesta críticas despiadadas y escandalosas, una descalificación o un golpe bajo. Son debates que nunca entran en la agenda pública, por intereses de algunos sectores, estrechez de otros y una sociedad que muchas veces prefiere mirar para otro lado y entretenerse -TV mediante- con asuntos más livianos. Y tienen que ver con temas que son tabú y que no se hablan con claridad.

Todo esto viene a cuenta de dos proyectos que ya están en el Congreso de la Nación que no tienen ninguna relación entre sí, salvo porque plantean con valentía asuntos complejos en un intento por abrir la discusión en la opinión pública nacional. Uno propone la despenalización del aborto tanto para la mujer como para el médico que lo realiza (fue presentado hace un año) y el otro despenalizar -que no es lo mismo que legalizar- la tenencia de drogas para consumo personal. Este último ingresó a la Cámara de Diputados el martes pasado.

Pero lo llamativo de ambas iniciativas es que tienen fuerte respaldo local, ya que se originaron o fueron suscriptas por legisladores nacionales de Rosario, y en el segundo caso hasta por la responsable del Centro de Estudios en Drogadependencia y Sida de la Universidad Nacional de Rosario, Silvia Inchaurraga.

Sería importante que estos dos proyectos sean debatidos profundamente por todos los actores sociales, y sobre todo respetando la diversidad de ideas, creencias, preceptos morales y convicciones religiosas que existen en la comunidad.

Uno, si quiere, puede hacer una virtual recorrida por las naciones desarrolladas para ver cómo abordan estos temas: en Francia, Italia y España, países muchos más católicos que Argentina, el aborto está legalizado y el consumo de drogas despenalizado.

Incluso, el Parlamento Europeo ya se pronunció el año pasado en favor del aborto "legal, seguro y accesible para todos". En Suiza se realizó en junio de 2002 un referéndum sobre este tema, y el 72 por ciento de los votantes se manifestó a favor de terminar con su prohibición, en alineamiento con todos los países europeos a excepción de Irlanda. Y ni hablar de Estados Unidos, donde hace ya 30 años que el aborto es legal.

En Argentina la interrupción voluntaria del embarazo está castigada para la mujer que lo realiza con penas de prisión de uno a cuatro años. Pero esta norma no trajo como consecuencia la reducción de su práctica. Antes se estimaba que había unos 300.000 abortos clandestinos por año, pero en enero pasado el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reveló que ya llega a medio millón.

En cambio, su despenalización al menos permitiría que se realice en óptimas condiciones sanitarias, y así las mujeres (todas, las que tienen recursos económicos y las que no) dejarán de poner en riesgo sus vidas. Los abortos mal hechos son la principal causa de muerte materna en el país.

Es contradictorio que determinados sectores se manifiesten abiertamente en contra de la educación sexual, la prevención y la planificación familiar, y después pretendan culpabilizar a una mujer cuando decide interrumpir voluntariamente el embarazo.

Todos tienen derecho a recibir información y acceder a medidas preventivas para que los embarazos sean deseados y programados. Seguramente cuando en la Argentina se universalice este derecho la cantidad de abortos disminuirá notablemente.

En cuanto al tema de la drogadicción la actual ley que penaliza severamente el consumo tampoco dio hasta ahora resultados. Hace 14 años que está en vigencia y lejos de disuadir el uso de drogas ilegales fue justo el período en que más ha crecido. Una cosa es penalizar severamente el tráfico de drogas, pero otra es creer que el problema del consumo personal se resuelve por medio de la persecusión policial. ¿No sería mejor poner el énfasis en políticas sociales de prevención?

Hay que empezar a hablar sin hipocresías y enfrentar todos los temas de la sociedad, aunque haya gente que no los quiera oír. Fue lo que pasó cuando se discutió y finalmente se aprobó en 1987 la ley de divorcio vincular. Por entonces, sectores conservadores pronosticaban que se venía el apocalipsis y una avalancha de rupturas familiares que después no se dieron. En rigor, el apocalipsis después llegó a la Argentina, pero como consecuencia de problemas éticos, morales y sociales de otra índole.

Hay que abordar de manera madura los problemas que tiene el país. ¿El aborto y el consumo personal de drogas son temas que deben quedar en manos de la policía? ¿Una mujer violada que interrumpe voluntariamente su embarazo debe ir presa? ¿Hay que denunciarla? ¿Un joven sin antecedentes policiales que es encontrado fumando un cigarrillo de marihuana también es un delincuente? ¿No serán todos estos asuntos para abordar desde las políticas sociales y sanitarias? ¿No habría que abrir un gran debate sobre estos temas? ¿Por qué no consultar a la gente para saber qué opina?

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