Semillas: entidades rechazaron el sistema de regalía extendida

Organizaciones de productores y semilleros se enfrentan por la forma de combatir la bolsa blanca

Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina rechazaron públicamente los sistemas de "regalías extendidas" implementados por los semilleros en los contratos de venta de semillas a los productores, por considerarlos "ilegales".

Tras un encuentro realizado el miércoles pasado, los dirigentes de los cuatro gremios del sector instaron a respetar la ley 20.247, que "consagra el derecho del agricultor al uso propio de semillas" y denunciaron que la norma fue alterada en su marco legal por la reglamentación vigente.

"La ley de semillas es lo suficientemente clara en la determinación de los derechos que le asisten a los productores", señalaron las entidades en un comunicado, a través del cual rechazaron la regalía extendida y expresaron su oposición a los controles realizados a los agricultores "por parte de los criaderos que utilizan éste régimen". Estas inspecciones, aseguraron, son "realizadas con actitudes intimidatorias, equivocando el blanco de los verdaderos infractores de la ley que es el comercio marginal".

El comunicado de la semana pasada cerró un capítulo de discusión entre las cuatro entidades agropecuarias en torno de una pelea que se aceleró en los últimos meses y que tiene del otro lado de la mesa a las empresas semilleras y al gobierno.

El telón de fondo es el crecimiento que tuvo en los últimos años el mercado ilegal de semillas, sobre todo en soja, trigo y algodón. Un informe del director nacional de certificación y control del ex Instituto Nacional de Semillas revela que la demanda de semilla fiscalizada en trigo y soja alcanza apenas al 25% y 30% respectivamente. El resto, está "depositada en los campos, sea como uso propio o como semilla ilegal".

El crecimiento del comercio ilegal de semillas, que en muchos casos crece al amparo de interpretaciones retorcidas del artículo de la ley que consagra el derecho a resembrar los insumos comprados por el productor complica en última instancia la continuidad de los programas de investigación de las empresas semilleras. Según el informe del ex Inase, el descontrol en la comercialización coloca al país "en riesgo de no contar con la renovación varietal necesaria para satisfacer los continuos requerimientos en rendimiento, calidad, comportamiento agronómico y sanitario".

Durante el simposio internacional de soja realizado este año en el marco del congreso de Aapresid, la asociación que nuclea a los fitomejoradores de la oleaginosa advirtió que la bolsa blanca es la principal amenaza para la continuidad de los planes de investigación sobre el cultivo.


Colisión de derechos
El problema, desde el punto de vista de las entidades de la producción, es que esta ofensiva se extiende más allá del combate a la bolsa blanca y avanza sobre el derecho consagrado del agricultor de reservar para uso propio la semilla adquirida al criadero. Si bien se suman al reclamo de control del comercio ilegal, advierten que las compañías de insumos están intentando echar las bases de una nueva doctrina en la materia, obligando a someter a la autorización de los obtentores cualquier uso que se le dé a la semilla, "incluso cuando se trata de productos de cosecha", según un informe jurídico que circula en Federación Agraria.

Los hechos que aceleraron la disputa fueron las inspecciones que Arpov, a través de una consultora, está realizando en los campos de productores a los les que vendieron semilla bajo el sistema de regalía extendida (con condiciones de uso especificadas en el contrato de compra venta) y la decisión de la Secretaría de Agricultura de dar impulso a un proyecto de ley que modificaría la legislación vigente a nivel interno en materia de comercio de semillas y restringiría al mínimo el uso de semilla propia sin pagar regalía.

Las entidades, con la Federación Agraria como fogonera, recomendaron a los productores asociados no someterse a las inspecciones argumentando que los operativos son ilegales si no están apoyados en una orden judicial. Respecto del proyecto de ley, pidieron tiempo hasta consensuar una propuesta común.

Además, la Sagpya dicto una resolución, la número 52, que obliga a los productores que reserven semilla de soja, trigo y algodón para uso propio, a presentar una detallada información sobre la cantidad de semilla utilizada o a utilizar, y acreditar que la compró legalmente.

La norma reglamenta otra resolución, la número 35, del año 1996, que entre otras cosas obliga a los productores a pedir autorización cuando la semilla reservada para la siembra de la próxima campaña sea almacenada en otro lugar que no sea su propio campo. La idea es evitar que los insumos reservados por el productor terminen multiplicándose y vendiéndose en algún eslabón de la cadena de distribución.

En el informe jurídico brindado a un nutrido grupo de productores de la Federación Agraria durante una reunión realizada a fines del mes pasado, se objeta esta resolución porque afectaría a los pequeños productores que no tienen capacidad de acopio y procesamiento propio y a los grupos de productores que trabajan distintos campos en forma asociativa.

En rigor, según el dictamen del ex Inase que acompaña la resolución 52, la dinámica del comercio ilegal de semillas cambió en los últimos años. Actualmente, entre el 75% y el 80% de la semilla que no se fiscaliza "ya no se encuentra en galpones comerciales sino en campos, confundiéndose la semilla denominada de uso propio con la semilla ilegal".


Tratados internacionales
Pero los federados han puesto gran parte de sus fichas en la oposición al proyecto de Agricultura para adherir al tratado Upov 91, un acuerdo internacional que protege los derechos de los obtentores. Argentina está adherida a la versión anterior del pacto, el Upov 78, que exceptúa a los agricultores de pedir autorización para destinar la semilla adquirida al uso propio para siembra ni la venta como materia prima.

Según las entidades, el nuevo acuerdo es más restrictivo y somete a la autorización del obtentor "todos los actos que puedan realizarse respecto del material de reproducción". Señalan que la adhesión a Upov 91 modificaría sustancialmente la actual ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que preserva el derecho del productor a usar variedades, con el fin de obtener semillas para su propia resiembra.

El 29 de octubre se realizó una reunión de la Comisión Nacional de Semillas durante la cual todas las partes expusieron sus argumentos. Allí se conoció la propuesta de la Sagpya de restringir el uso propio a una superficie máxima de 53 ha. y excluir este derecho cuando se trate de semillas transgénicas. En el caso de la soja, el 90% del área sembrada es con semilla transgénica.

Quejas por las inspecciones realizadas por Arpov.