Análisis

La venta del Santa Fe se libera de obstáculos

El compromiso de no fusionar al banco provincial resultó clave para despejar las dudas. Mañana asumen los Eskenazi

Gabriel González / La Capital

Luego de varios meses con idas y vueltas, finalmente el complicado proceso de transferencia del Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF) está llegando a su fin. Para mañana al mediodía está prevista una asamblea de accionistas de la entidad que consagrará al banquero Enrique Eskenazi, titular del grupo Petersen y del Banco San Juan SA, como nuevo presidente. Renglón seguido se pagarán 113 millones en efectivo para completar un desembolso de 133 millones comprometidos en la oferta por el 93,4 por ciento de las acciones.

Para redondear el desembarco de la familia Eskenazi sólo restará que la Legislatura apruebe un proyecto enviado por el Ejecutivo que regula las condiciones que deben cumplir los nuevos dueños en su calidad de agente oficial de la provincia.

Queda claro que el grupo Petersen no necesita de esa ley para acceder al NBSF, pero no tenerla significaría desembarcar con el pie izquierdo en Santa Fe e ingresar en un terreno de conflicto en torno a la validez del contrato de vinculación entre la provincia y el banco, que rige hasta 2008. Pensado como unidad de negocios, no tiene sentido tomar una estructura de 105 sucursales y 1.200 empleados si no es para prestar servicios financieros a la provincia.

Lo mejor para guardar las formas hubiese sido que la adhesión parlamentaria hubiera llegado junto con el cambio de directorio, pero algunas dudas que en su momento hicieron públicas el gobernador y su ministro de Hacienda, Miguel Asensio, en torno a la futura gestión potenciaron interrogantes entre los parlamentarios.

Aunque en algún momento se llegó a pensar que la la cancha se les embarraba a los nuevos dueños, en las últimas horas los Eskenazi recibieron señales tranquilizadoras desde el gobierno provincial de que no habrá cuestiones fundamentalistas ni de política partidaria que puedan interferir, al menos por parte del oficialismo.

Como resultado de esas señales surge la voluntad, destacada por un vocero del grupo ayer a La Capital, de ir a la Legislatura a dar las explicaciones del caso.

La misma fuente descartó que se vaya a recurrir al mecanismo de fusión previsto por el Banco Central en el acta de adquisición. Y este es un dato clave, porque asegura la continuidad del banco tanto desde el punto de vista corporativo como patrimonial, más allá de que los voceros de los Eskenazi puntualizaron que la fusión prevista no contemplaba una absorción del Santa Fe y era sólo "superestructural", es decir, conservando cada unidad de negocios por separado.

Al optar por un esquema de capitalización a cumplir en 18 meses para el adquirente Banco San Juan SA, el grupo Petersen cumplirá con los compromisos patrimoniales que le impuso el BCRA al cabo de una prolongada discusión.

El tema de la fusión era en rigor la única cuestión pendiente entre los puntos del proyecto de ley que el Ejecutivo remitió a la Legislatura, ya que las otras cuestiones, como personal y cantidad de sucursales, son las mismas que están escritas en el contrato de vinculación vigente. Por eso, y más allá de los tiempos de los legisladores, todo indica que el camino para que los Eskenazi desembarquen en el Santa Fe ya quedó libre de grandes obstáculos.

Por caso, si los legisladores obstruyeran la continuidad del banco como agente oficial, le arruinarían el negocio al grupo Petersen, pero la provincia se expondría a un juicio (porque el actual contrato vence en 2008) y los nuevos dueños quedarían liberados de la obligación de mantener sucursales y personal. En tal caso, ¿quién se haría responsable de la continuidad laboral de 1.200 trabajadores y brindar servicios financieros a los pueblos del interior?

Por otra parte, la venta del NBSF es una mosca blanca entre los procesos de transferencia encarados a partir del derrumbe financiero de 2001. La mayoría de las transferencias que encaró el BCRA terminaron en desguace. En el trío de los ex Credit Agricole, por Bisel y Bersa no hubo oferentes, y en el caso del Suquía los pedidos de redescuentos (créditos blandos provistos por el Estado) superan largamente las ofertas de capitalización, cuando acá se pagan 133 millones de pesos.

En ese escenario, el proceso que encaró el BCRA a mediados del año pasado con el aval del gobernador Reutemann, cuando el imperio de los hermanos Rohm se derrumbaba en medio de un escándalo financiero, hace su diferencia.

El convenio de vinculación será más adelante.