Editorial

El abuso policial

Los diarios y todos los medios de comunicación difunden a diario historias particulares de ciudadanos cuyos derechos son vulnerados por la acción de algunos policías -se supone que son una minoría- que abusan del uniforme y del arma con los que el Estado los proveyó para prevenir el delito. Jóvenes maltradados en las comisarías, personas detenidas sin ninguna explicación valedera, pedido de coimas y extorsiones son las típicas denuncias de la gente. La policía, como cualquier otra fuerza de seguridad, debe transmitir confianza y entender que su función es servir a la comunidad y no servirse de ella para obtener beneficios. No es tolerable en un país que quiere salir de la crisis que los controles policiales en las rutas, por ejemplo, tengan la única función de obtener dinero de los infractores. Si un automovilista transita con un vehículo que no está en condiciones, la policía debe detenerlo y seguir los procedimientos legales que corresponden. Lo que ocurre en las rutas argentinas, en cambio, es que todo se puede arreglar con unos pesos. Y esto es tolerado por todos.

Se sabe que los policías arriesgan su vida por una salario pésimo y que sus familias sufren las mismas carencias que cualquier otra. También, que para mejorar sus ingresos hacen servicios adicionales de custodia en lugar de descansar o estar en su casa. Es notorio que el estado edilicio de muchas comisarías es desastrozo y que los presos se apilan en penales más parecidos a calabozos de la Inquisición que a celdas del siglo XXI. Pero nada de ello es justificativo para un accionar ilícito y prepotente, sobre todo con aquellos que por "portación de cara" parecen pertenecer a los sectores más pobres de la sociedad.

Las más altas autoridades policiales y del gobierno provincial tienen la obligación de minimizar los abusos que a diario se ventilan en los medios y en los Tribunales. No basta con separar a la "oveja negra" que cometió un delito y a los pocos días enviarla a un destino alejado del vasto territorio santafesino. La lucha contra el abuso policial debe ser una política de Estado, de un Estado moderno, democrático que ponga a sus hombres armados al servicio de la gente.