Insumos: presión por el remito sanitario

La cámara que agrupa a los proveedores santafesinos reclamó un "ordenamiento" en el comercio de agroquímicos

Sandra Cicaré / La Capital

Los proveedores de insumos de la provincia salieron a dar una dura pelea para ordenar el comercio de agroquímicos con la idea de atacar "la gran desprolijidad" que, según dicen, reina en este sector. Para lograrlo consideran necesario contar con dos herramientas clave: una ley nacional de agroquímicos y el remito fitosanitario, elementos que a su juicio deben ir de la mano y que permitirían garantizar la trazabilidad de los productos.

Además de asegurar las sucesivas etapas de los productos fitosanitarios desde su fabricación hasta la aplicación concreta en los campos, la legislación y el remito que reclaman los empresarios del sector también apunta a "deslindar responsabilidades en la cadena", esto es, que quien tenga en su poder el producto asuma los riesgos que esto implica.

Por otra parte, una legislación y un seguimiento detallado de los productos también permitirá elaborar estadísticas precisas sobre el mercado de agroquímicos en el país. "Con los relevamientos en la mano podremos demostrar que la Argentina utiliza menos fitosanitarios que países como Estados Unidos, sin embargo, hoy figuramos como los sudacas que esparcimos productos sin control", se quejó el titular de la Cámara Empresaria de Proveedores de Insumos Agropecuarios de la Provincia de Santa Fe (Cepias), Rubén Biancucci.

La entidad, que nuclea a 62 empresas de la provincia que en su conjunto representan el 85 por ciento de la facturación total del rubro, explicó que el objetivo de la ley de agroquímicos es "controlar y regular el uso de productos fitosanitarios con el fin de proteger el ecosistema".

Aunque parezca una verdad de perogrullo, los empresarios del rubro creen que la actual normativa provincial (ley 11.273), que rige la actividad, está muy lejos de contribuir a los objetivos que ellos plantean.

Biancucci denunció que existe un trato desigual en cuanto a los controles que rigen en el sector. "Hoy cualquier productor llama a un corredor de cereales y le compra agroquímicos. Este producto lo trae cualquier transporte y el productor lo acopia en un galpón que no cuenta con ninguna norma de seguridad", dijo el empresario.

En tanto, "a nosotros se nos exige tener todo en regla, mientras por otro lado no se controlan los transportes ni los lugares de almacenamiento en los pueblos", agregó Biancucci.

La Cepias envió al Magic una nota en la que la entidad advierte sobre los riesgos que puede acarrear no poner en práctica una ley que permita garantizar el proceso de trazabilidad de los productos.

"Ellos multan a los comercios que no cumplimos con los requisitos que exige la ley, pero mientras tanto siguen circulando productos fitosanitarios en transportes no autorizados y se almacenan en lugares sin los requisitos necesarios", se quejó Biancucci.

Por otra parte, la cámara señaló que también "se alertó sobre el revoleo de agroquímicos y contrabando a través de Paraguay".

Al respecto, el titular de la Secretaría de Agricultura de la provincia, Oscar Alloatti, explicó que desde el gobierno santafesino "apoyamos el proceso de trazabilidad y la iniciativa del remito fitosanitario".

"Acompañamos esa idea porque se trata de una cuestión de seguridad en todos los niveles, no sólo de uso de los productos relacionados con el ambiente y la salud humana, sino además para evitar el tema de robos", agregó el funcionario.


El control paso a paso
El reclamo puede pecar de lobby empresario en favor del segmento de la comercialización, ya que busca colocar a los distribuidores como un elemento imprescindible dentro de la cadena. "Sucede que no estamos manejando agua mineral, sino que se trata de productos que de no ser bien tratados pueden causar serias complicaciones al ecosistema y la salud humana", dijo Biancucci como defensa de la postura del sector.

En rigor, el planteo de un sistema de trazabilidad apunta a lograr identificar los movimientos y traslados entre los operadores del productos fitosanitarios.

A tal efecto, la Cepias definió una figura imaginaria denominada "corredor de protección del medio ambiente" para fijar el límite del sistema que se quiere controlar. Así, especificó que el corredor es el lugar donde circula y se transmite el producto fitosanitario, su inicio se ubica cuando la fábrica o el importador lo ponen en el mercado y el fin del recorrido se sitúa cuando un aplicador habilitado libera el producto al medio ambiente.

Sin embargo, aclaran que dentro del corredor hay varias estaciones: la primera se corresponde con la puesta del producto en el mercado; la segunda con el producto en tránsito; la tercera con el almacenamiento transitorio o permanente del fitosanitario y la última se corresponde con la aplicación.

"La idea es que en esta última estación el producto se consuma dentro de las 72 horas", dijo Biancucci, para evitar almacenamientos no apropiados y manejo inadecuado.

A juicio de Cepias, la única forma de garantizar las responsabilidades compartidas en toda la cadena, es a través de la implementación del remito fitosanitario. Aclaran que este instrumento debe incluir, entre otros, los siguientes datos: origen (con el nombre del cargador, número de registro y categoría de habilitación toxicológica), destino (ídem al origen pero para el destinatario), producto (debe estar identificado por su número de registro, descripción, categoría toxicológica y número de partida de fabricación).


Una ley nacional
Nada de esto podría funcionar si una ley no regula la situación a nivel nacional y tampoco sin un poder de policía que se encargue de hacer cumplir las normas. Los proveedores de insumos creen que esta función debería estar a cargo de los organismos provinciales, municipales y las instituciones del sector y el control a cargo de Gendarmería Nacional, tal cual lo hace con las inspecciones de vehículos.

Por otra parte, la cámara que nuclea a los proveedores de insumos manifestaron su intención de hacerse cargo del control del remito fitosanitario. Basados en la experiencia del remito ganadero, los proveedores de insumos creen que el remito fitosanitario permitirá conocer el verdadero funcionamiento de un sector que factura anualmente en todo el país unos 700 millones de pesos.

En definitiva, el remito permitiría armar un mapa del uso de los fitosanitarios en la Argentina. Una ambición para nada despreciable.

Los insumos mueven $700 millones anuales.