Los diputados van ahora por el sillón de López en la Corte

El trámite de juicio político se abriría mañana. Está acusado de los mismos cargos por los que fue suspendido Moliné

Los diputados de la comisión de Juicio Político, que ahora van por el sillón que Guillermo López ocupa en la Corte Suprema, iniciarán mañana el ataque contra ese ministro sobre la base de los expedientes que sostienen el proceso del suspendido Eduardo Moliné O'Connor. El trámite se extendería hasta mediados de noviembre, cuando se emita el dictamen del cuerpo asesor sobre la conducta de López en el marco de los llamados casos Meller, Macri y Magariños.

De ese modo, los legisladores avanzarán en su ofensiva para remover al tercer juez de la llamada "mayoría automática" dado que Julio Nazareno renunció el 27 de junio, y Moliné O'Connor (conocido como el cerebro de ese grupo) se encuentra suspendido por el Senado mientras esa Cámara sustancia el juicio.

En algún momento se especuló con la posibilidad de analizar la situación de Adolfo Vázquez, pero se prefirió avanzar sobre López porque éste votó de la misma manera en las tres causas que forman parte de la acusación contra Moliné O'Connor y Nazareno.

El presidente de la comisión de Juicio Político, Ricardo Falú (PJ-Tucumán), estimó que ese cuerpo asesor podría mañana "declarar admisible" la apertura del juicio político contra López y adelantó que para tomar esa medida hay consenso entre la mayoría de los diputados.

"No hay motivos para demorar la apertura de la investigación a López porque, por las mismas causas, se emitió un dictamen acusatorio contra Nazareno y contra Moliné", afirmó Falú.

La decisión de diputados del PJ y la UCR de investigar al juez López ya tiene el aval de la conducción del bloque del PJ, mientras el radicalismo debatirá su estrategia en la reunión que realizará en las próximas horas.


Reunión clave
La apertura del juicio a López y la pauta de trabajo será el tema central de la reunión que mantendrán los legisladores mañana a las 11 en el tercer piso del edificio anexo de la Cámara baja. Se aprobaría entonces el siguiente cronograma: el día 30 se redactarán los cargos (diez o doce), el 7 de noviembre se recibirá el descargo y entre el 14 y el 21 se diseñará el dictamen.

La comisión mantendrá los mismos cargos que utilizó en los casos de Nazareno y Moliné O'Connor. En la causa Magariños, planteará que el juez invadió facultades propias del Consejo de la Magistratura; en el denominado caso Macri, los legisladores evaluaron que el ministro obstruyó el debido proceso legal, causado un grave perjuicio al Estado, mientras que en el caso Meller los argumentos de los diputados serán que se legitimó judicialmente un proceso administrativo fraudulento.

En otro orden, el cotitular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en Rosario, Carlos de la Torre, denunció que la jurista rosarina Ana María Figueroa fue discriminada en un concurso para cubrir un cargo de vocal en la Justicia federal por sus antecedentes como defensora de los derechos humanos.

De la Torre, además miembro de la Conadep, reveló que esta situación fue puesta en conocimiento del presidente Néstor Kirchner, a quien la APDH Rosario le envió una nota y un pedido de audiencia a raíz del episodio.

En esa nota se reprodujo el resultado del concurso 28/2000, implementado a partir de la reforma de la Constitución nacional en 1994. Según De la Torre, "luego de ese sistema de selección se aprobó el siguiente orden de méritos: Ana María Figueroa 151 puntos, Carlos Federico Carrillo 151, Liliana Arribillaga Huc 141, y Beatriz Caballero de Baravani 137 puntos".

En ese marco, afirmó que el Poder Ejecutivo nacional "remitió primero el pliego del juez federal de Rosario Carlos Carrillo para cubrir el primer cargo y luego envió con fecha 27 de noviembre de 2001, el de la tercera en orden de méritos, la entonces jueza federal Liliana Arribillaga Huc".

"En la nota dirigida al presidente Kirchner, recordamos que el 28 de noviembre de 2001 se le dio trámite parlamentario al mensaje en el Senado de la Nación en forma irregular y sobre tablas, en un «operativo» personal del senador por Santa Fe Horacio Usandizaga", subrayó el también ex secretario general de la Ctera.

"Ese acuerdo se prestó violando los artículos 23 y 24 del reglamento del Senado de la Nación, que requiere la publicidad del acto y el control republicano", agregó De la Torre antes de referirse al trámite posterior efectuado por la propia Ana María Figueroa.

"Mediante el expediente Particular 174/01, de fecha 6 de diciembre de 2001, la doctora Figueroa interpuso ante el Senado de la Nación el recurso de revisión del acto por nulidad absoluta", consignó De la Torre, quien detalló que ese expediente se encuentra en el seno de la comisión de Acuerdos del Senado nacional.

López es el tercer alto magistrado en problemas.